El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Ronald Gamarra
6. La Defensoría del Pueblo
Como en el caso del Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo ha
cumplido un papel trascendental en el proceso de judicialización de los
casos de violaciones de los derechos humanos, de seguimiento a las conclusiones
de la CVR y en el propio afianzamiento de la democracia en el
Perú. Evidentemente, la actuación de la Defensoría del Pueblo, sus ilustrados
informes, su sólida argumentación jurídica, sus amicus curiae, su
acompañamiento a las víctimas y sus abogados, han servido para motivar
a los distintos actores de la persecución penal: fiscales, jueces y abogados.
6.1. Judicialización
La supervisión del proceso de judicialización de los casos de violaciones
de los derechos humanos ha sido una preocupación constante de la Defensoría
del Pueblo, pero no solo eso. Su labor, incluso, ha ido mucho
más allá, de manera tal que, por ejemplo, ha llevado adelante 12 nuevas
investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos, que han sido
puestas en conocimiento del Ministerio Público en su oportunidad.
En su Informe Defensorial N. o 77, «Ejecuciones extrajudiciales. Casos
investigados por la Defensoría del Pueblo», la Defensoría del Pueblo recomendó
al Ministerio Público un conjunto de medidas destinadas a la implementación
de un sistema especializado en la investigación de crímenes
contra los derechos humanos: designación de fiscalías especializadas y a
dedicación exclusiva, reforzamiento de las fiscalías superiores y especializadas
de Lima y Ayacucho, y creación de otras fiscalías en los departamentos
más afectados por la violencia; así mismo, recomendó al Poder Judicial
el establecimiento de un sistema especializado de juzgados y salas
superiores.
Posteriormente, en su Informe Defensorial N. o 86, «A un año de la
Comisión de la Verdad y Reconciliación», aprobado por resolución defensorial
020-2004/DP, la Defensoría anota los problemas del proceso de judicialización,
destacando entre ellos, 1) la ausencia de un sistema especializado
para la investigación de casos de violaciones de derechos humanos; 2)
la provisionalidad de los magistrados que tienen a su cargo las investigaciones
(27 sobre un total de 41 fiscales, y 5 sobre un total de 8 jueces);
3) la excesiva carga procesal de las fiscalías a cargo de las investigaciones;
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