El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

El papel de la sociedad civil en la demanda y promoción de justicia
que actuaban los agentes del Estado que cometían graves violaciones
de los derechos humanos. En el primer caso, el Poder Judicial se ganó
la imagen de una ineficiente coladera que liberaba a culpables y condenaba
a inocentes; en el segundo, sus agentes incumplieron el rol de garante
de los derechos de los detenidos, coadyuvando a la comisión de graves
violaciones a los derechos a la vida y a la integridad física; por último,
se abstuvieron de llevar a la justicia a los miembros de las Fuerzas Armadas
acusados de graves delitos, fallando sistemáticamente cada contienda de
competencia a favor del fuero militar, donde las situaciones quedaban en
la impunidad. 29
Esta situación de total desprotección de las víctimas se pudo dar debido
a que en el ordenamiento penal peruano, la titularidad de la acción
penal recae exclusivamente en el Ministerio Publico, salvo en los delitos
referidos en el título segundo del Código Penal como son los delitos contra
el honor (injuria, calumnia y difamación). De tal manera, el afectado
por un hecho delictivo tiene que conformarse con las actuaciones fiscales
y asumir en un proceso penal solo el papel de actor civil, con muchas limitaciones
en las actuaciones de acuerdo con la labor que la legislación le
asigna: «la búsqueda de la reparación civil».
En el Perú existe la concepción contraria a la intervención activa de
la víctima en la búsqueda de sanción en los delitos de acción pública.
Para muchos la intervención activa y legítima en la acción penal de las
víctimas podría prestarse a ser utilizada solo con ánimo de venganzas personales.
Para nosotros, la participación que asigna el ordenamiento penal a
las víctimas de violaciones de los derechos humanos es insuficiente. Sus limitaciones
incluyen el no poder promover la instrucción, estar impedidos de
calificar los delitos cometidos y carecer de facultad para impugnar las penas,
destinando a los afectados únicamente la argumentación de hechos y
perseguir la reparación civil. Esto va en sentido opuesto a lo que constituye
un avance en el derecho internacional de los derechos humanos, donde
se le asigna a la victima un papel más activo. Es en esta línea que el sistema
interamericano de derechos humanos ha variado sus reglamentos. Ahora
la Comisión Interamericana de acuerdo con el artículo 43 (3) de su reglamento
consulta a la víctima su posición respecto del sometimiento del
caso a la Corte Interamericana y de los fundamentos para que ello
29
Ib., t. VIII, conclusión 123, p. 375.
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