El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Los procesos penales contra las organizaciones terroristas
3. La nueva legislación antiterrorista y el nuevo escenario
Luego de la sentencia del Tribunal, el 7 de enero de 2003 el presidente
de la República en un mensaje a la Nación solicitó al Congreso delegase
al Poder Ejecutivo facultades para legislar sobre la materia y así desarrollar
lo establecido en la sentencia del Tribunal, lo que se aprobó mediante
la ley 27913 (9 de enero de 2003), creándose una Comisión encargada de
elaborar la nueva legislación, labor que culminó con la aprobación de un
conjunto de decretos legislativos.
– Decreto legislativo 921 (18 de enero de 2003) que estableció un nuevo
sistema de penas para los delitos de terrorismo, incluyendo un
mecanismo de revisión de la sentencia de cadena perpetua al cumplirse
los 35 años de pena privativa de la libertad.
– Decreto legislativo 922 (12 de febrero de 2003) que fijó los procedimientos
para la declaración de nulidad de los procesos por traición a
la patria ante la justicia militar, así como las normas que se aplicarían
a los nuevos procesos de terrorismo.
– Decreto legislativo 924 (20 de febrero de 2003) que agregó un párrafo
al artículo 316 del Código Penal, agravando la apología del delito
cuando su objeto es el terrorismo.
– Decreto legislativo 925 (20 de febrero de 2003) que reguló el mecanismo
de colaboración eficaz.
– Decreto legislativo 926 (20 de febrero de 2003) que anuló los procesos
seguidos ante jueces y fiscales con identidad secreta («jueces sin
rostro») y la aplicación de la prohibición de recusación.
– Decreto legislativo 927 (20 de febrero de 2003) que estableció beneficios
penitenciarios aplicables al delito de terrorismo.
Una vez dadas estas normas, estaba claro que el reto final para un adecuado
juzgamiento de los responsables de delitos atribuidos a las organizaciones
terroristas era de responsabilidad de la administración de justicia. El
objetivo era preciso: juzgar nuevamente a los acusados por terrorismo, consolidando
procesos judiciales legítimos, respetuosos de los estándares mínimos
de un debido proceso, y al mismo tiempo sancionar proporcional y
adecuadamente a los responsables de actos terroristas que afectaron al país.
Conservar dicho equilibrio era necesario, pero se advertía que sería difícil
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