El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Gloria Cano / Karim Ninaquispe
que esta llegó, además del origen de las víctimas que trajo consigo el
conflicto interno, lo cual revela que en nuestro país aún subsisten notorias
brechas sociales basadas en la discriminación y exclusión.
Todo ello ha conllevado a relegar, una vez más, las esperanzas de
los sectores pobres y excluidos, víctimas del conflicto, que veían en la
CVR una puerta hacia su reconocimiento como ciudadanos por parte
del Estado, postergado durante veinte años. No debemos olvidar que la
CVR ha marcado un nuevo hito en nuestra historia que debe ser asumido
con responsabilidad por todos los peruanos. El proceso de verdad y
justicia debe ser retomado, involucrando a todos los actores sociales.
Como nación, estamos en la obligación moral de enfrentar nuestro pasado
y establecer las bases de una verdadera refundación del Estado.
3. La justicia penal después de la Comisión de la Verdad
y Reconciliación
En este período se cumplió con materializar algunas recomendaciones de
la CVR en el aspecto penal. Prueba de ello son las sentencias del Tribunal
Constitucional, entre las que podemos mencionar la sentencia recaída
en el expediente 0017-2003-AI/TC publicada el 24 de agosto de 2004,
que conceptualiza el delito de función y cuestiona la permanencia del
fuero castrense. 22 Así mismo, la sentencia recaída en el expediente 2488-
2002-HC/TC, del 22 de marzo de 2004, en la que señala la naturaleza
permanente del delito de desaparición forzada —y, por tanto, su imprescriptibilidad—,
reconociendo además el derecho a la verdad y permitiendo
de esta manera su inclusión en nuestro ordenamiento jurídico.
El avance en materia de derechos humanos está siendo orientado actualmente
por el Tribunal Constitucional, que ha emitido aproximadamente
220 sentencias en los últimos cuatro años basadas en jurisprudencia
de la Corte Interamericana, así como en las recomendaciones de
22
La justicia castrense no constituye un «fuero personal» conferido a los militares o policías, dada su
condición de miembros de dichos institutos, sino un «fuero privativo» centrado en el conocimiento
de las infracciones cometidas por estos a los bienes jurídicos de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.
En ese orden de ideas, no todo delito penal cometido por un militar o policía debe o puede
ser juzgado en el seno de la justicia militar, ya que si el delito es de naturaleza común, su juzgamiento
corresponderá al Poder Judicial, con independencia de la condición de militar que pueda tener el sujeto
activo (fundamento 129). Tribunal Constitucional, expediente 0017-2003-AI/TC.
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