El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

José Hurtado Pozo
verdad, justicia, reparación y reforma institucional que garanticen que no
se vuelva «nunca más» a la tragedia de la represión ilegal.
Por cierto, el tema ha evolucionado desde sus primeras manifestaciones.
Las prácticas sociales del cono sur, luego imitadas en América Central,
y más recientemente en el Perú después de los gobiernos de
Fujimori, han tenido interesantes réplicas en muchas latitudes, de las cuales
sin duda la más dramática y más estudiada —aunque a menudo mal
entendida— es la extraordinaria lección sudafricana sobre cómo superar
el régimen oprobioso del apartheid sin caer en la venganza ni en el odio
racial. En la actualidad hay muchas otras naciones que se encuentran en
transición hacia la democracia o del conflicto hacia la paz, o que se
aprestan a hacerlo en un futuro cercano.
Lo primero que debe decirse, entonces, sobre la justicia de transición,
es que los mecanismos concretos mediante los cuales se implementa
nacen de las ricas experiencias de las mismas sociedades en transición.
De ninguna manera son una imposición universalista que desconoce realidades
culturales muy diversas. Antes bien, es la comunidad internacional
la que aprende de estas prácticas y las difunde y hace suyas cuando es
llamada a colaborar en la solución de conflictos políticos o de derechos
humanos.
De este modo se ha producido una rápida evolución en los principios
del derecho internacional que guían las obligaciones de los Estados en
materia de derechos humanos, a la vez que se ha modificado dramáticamente
la metodología de trabajo de las organizaciones que conforman el
movimiento en pro de los derechos humanos, incluyendo tanto a las que
actúan exclusivamente en el país del que forman parte como a las organizaciones
internacionales no gubernamentales más conocidas. Hace veinte
años el consenso era que nada podía hacerse sobre las tragedias de derechos
humanos recientes, y que intentar hacer algo equivalía a arriesgar la
recurrencia del golpe de Estado, o a desalentar el tránsito a la democracia
en países vecinos. En el mejor de los casos, se admiraba el fundamento
ético de la demanda de justicia, pero se afirmaba que solo los dirigentes
democráticamente electos podían saber qué se podía hacer en sus países,
y la comunidad internacional no tenía nada que aportar. La situación es
muy distinta hoy: en nuestros días hay un consenso muy claro en afirmar
que las violaciones de los derechos humanos del pasado reciente reclaman
una respuesta afirmativa del Estado y, en defecto de este, de la comunidad
internacional. No solo se espera que los Estados cumplan con
estas obligaciones, sino que la comunidad internacional ha dado instruc-
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