El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Presentación y aplicación de la ley penal
sentar un panorama más complejo y dinámico de la difícil puesta en marcha
del conjunto de las instituciones del Estado en la tarea de búsqueda
de verdad y justicia. El trabajo presenta las medidas adoptadas en el Perú
respecto de la persecución penal y la implementación de las conclusiones
de la CVR desde la caída del régimen autoritario de Alberto Fujimori.
Sobre la base de esa descripción, Gamarra reflexiona sobre el diseño,
aprobación y ejecución de las medidas complementarias o facilitadoras de
la persecución penal y, en general, sobre la colaboración y el apoyo a las
agencias de control y represión penal en el cumplimiento del Informe Final
de la CVR.
5. Lecciones
Los ensayos muestran en su conjunto que a pesar de sus relaciones más
directas, la acción de la justicia penal y la labor de la CVR se inscriben
en un escenario amplio y complejo cuyo telón de fondo es la transformación
política del Estado. Queda claro que, a dos años de la publicación
del Informe Final de la CVR, sigue siendo necesaria una acción decidida
de las autoridades por dar seguimiento a sus recomendaciones. En particular,
las Fuerzas Armadas parecen mantener un considerable control sobre
la información e incluso un grado de competencia para el
juzgamiento de su personal que es necesario revertir. Reforzar la competencia
de las autoridades civiles y el acatamiento de las decisiones del Tribunal
Constitucional sigue siendo una cuestión central para la consolidación
democrática del Perú.
A pesar de las dificultades, también son tangibles algunos avances
importantes que en otros países solo han ocurrido después de largos años.
Por ejemplo, la efectiva persecución penal de varios responsables de graves
violaciones de los derechos humanos, o la visible voluntad política de
buscar la extradición de un ex funcionario de alto rango como Alberto
Fujimori.
Varios elementos han allanado el camino a estos logros. El acatamiento
de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
por ejemplo, y en especial del caso Barrios Altos, ha servido de
factor disuasivo respecto a otros intentos de legislar a favor de la impunidad.
La lucha contra la corrupción librada luego de la caída del gobierno
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