El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Luis E. Francia Sánchez
Si bien no resultó una novedad que el Informe Final estableciera dichas
responsabilidades, en tanto la sociedad peruana conocía de las acciones
realizadas por los grupos terroristas, lo cierto es que la contundencia y
claridad de estas significaron, a nuestro entender, un elemento contraproducente
para la estrategia legal y política de dichas organizaciones. La
precisión y minuciosidad de la labor de la CVR, así como la adecuada
fundamentación de sus conclusiones, motivaron que al hacer público su
Informe Final, los medios de comunicación y la sociedad en general renovaran
su percepción sobre el nivel de violencia y criminalidad utilizada
por las organizaciones terroristas. El peso moral de las conclusiones de la
CVR sirvió para apuntalar dicha imagen. En tal sentido, resultó claro
para la sociedad peruana la necesidad de sancionar a los responsables individuales
de los crímenes cometidos por el terrorismo. Dicha claridad se
facilitó por el hecho de que la sociedad peruana había sido testigo en los
años anteriores del proceso de indulto guiado por la citada Comisión Ad
Hoc, el que permitió que las personas inocentes, injustamente detenidas y
sentenciadas por terrorismo, fueran puestas en libertad. Por lo tanto se percibía
que la mayoría de quienes aún se encontraban detenidos eran responsables
de los crímenes cometidos desde 1980. En tal sentido no puede decirse
que el Informe Final de la CVR, respecto a la responsabilidad de las
organizaciones terroristas, modificara sustancialmente la comprensión del
conflicto, pero sí apuntaló la necesidad del juzgamiento de estas.
5. Los nuevos procesos: problemas y resultados
Dictada la nueva legislación, los internos por terrorismo se encontraban
en posibilidad de definir su situación jurídica mediante un nuevo proceso
penal, si así lo consideraban, o de mantenerse con la sentencia anteriormente
dictada. Así mismo, podían acogerse a los beneficios penitenciarios
que fueron reinstaurados para ellos (luego que desde 1992 se encontrasen
prohibidos). El papel central de esta labor recayó sobre la Sala Penal Nacional,
debiendo considerarse para su evaluación el volumen de trabajo
con el que contó.
Dada la nueva legislación antiterrorista se presentaron dos supuestos
de nulidad de los procesos:
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