El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Eduardo Vega Luna
En efecto, la Corte Suprema en el caso del homicidio de Indalecio
Pomatanta Albarrán, (contienda de competencia 18-2004), mediante resolución
publicada del 23 noviembre de 2004, resolvió a favor del fuero
ordinario, señalando que:
[...] en el presente caso se atentó contra la integridad corporal de una
persona en condiciones particularmente graves y reprochables, esto es,
mediando prevalimento del cargo público que ostenta [...] aprovechándose
que la zona había sido declarada en estado de emergencia y
que se había dispuesto una operación militar; que en su núcleo o
esencia la conducta atribuida vulneró un bien jurídico individual: la
integridad corporal e, incluso, la vida de una persona, no un bien jurídico
institucional de las Fuerzas Armadas; que si se analizan los tres
factores que concurrentemente deben estar presentes para definir el delito
de función es obvio que solo se presenta el segundo: la condición de
militar en actividad de los sujetos activos del delito imputado, [...] siendo
así, los hechos íntegramente considerados son de competencia de la
jurisdicción penal ordinaria.
A pesar de esta resolución y de su carácter vinculante, el fuero militar
ha insistido en tener competencia para juzgar otros 11 casos de violaciones
de los derechos humanos, lo cual sin duda dará origen a nuevas
contiendas de competencia. Sin embargo, la insistencia de la justicia militar
podría configurar un ilícito penal. Por ello, diversas organizaciones en
pro de los derechos humanos han denunciado recientemente a los magistrados
del Consejo Supremo de Justicia Militar por los delitos contra la
función jurisdiccional (artículo 404 del Código Penal peruano) en la modalidad
de encubrimiento personal al haberse avocado indebidamente al
conocimiento de un delito de naturaleza común y no militar y al juzgamiento
de los efectivos militares involucrados en los hechos conocidos
como «ejecuciones arbitrarias en Pucará».
2.3. Falta de entrega de información del Ministerio de Defensa
El Ministerio de Defensa, que centraliza todos los pedidos de información
que formulan las autoridades judiciales a las Fuerzas Armadas, no ha colaborado
de manera suficiente en brindar información para las investigaciones
fiscales y judiciales. En muchos casos no ha entregado la información
solicitada argumentando que ella no existe o que ha sido destruida
en virtud de disposiciones administrativas.
118