El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Los procesos penales contra las organizaciones terroristas
5.5. Las perspectivas
En los próximos meses asistiremos a la culminación de un proceso que se
inició hace años, el juzgamiento de los responsables por las acciones terroristas
que afectaron al país. Luego de un proceso largo y difícil el Estado
peruano jurídicamente está por legitimar su actuación y establecer las
sanciones que legal y válidamente sean aplicables.
Un factor que se debe considerar en dichos meses es el tiempo de reclusión
de estas personas: luego de anulados sus procesos, ante el fuero
militar o común, cumplen treinta y seis meses en los primeros meses del
2006, lapso máximo para una detención preventiva según la legislación
procesal penal peruana, por lo que en caso de no tener una sentencia podrían
solicitar su libertad procesal. Si bien es posible que el Ministerio
Público solicite una ampliación de dicho lapso, en consideración a la
complejidad de los hechos, lo cierto es que significará un momento decisivo
dentro de la estrategia de la defensa de Guzmán Reinoso y sus coprocesados,
o de otros procesados en similar situación.
Pero luego de dictadas las sentencias no se iniciará el cumplimiento
de largas condenas, por el contrario, considerando las penas aplicables
para el tipo básico de terrorismo (de veinte a treinta y cinco años), lo
cierto es que en muchas estarán a punto de cumplirse en su totalidad o
cumplidas en una proporción tal que los sentenciados puedan acceder a
un beneficio penitenciario. En ambos casos la libertad de estas personas
constituye un derecho obtenido luego de cumplir una extensa pena de
cárcel. Por ello, la tendencia a la paulatina disminución del número de
internos por este delito continuará. Así, paulatinamente solo quedarán en
prisión los principales dirigentes de las organizaciones terroristas, a quienes
se les aplicará cadena perpetua o penas muy altas.
Hace algunos años, dichas perspectivas hubieran levantado una ola
de críticas e indignación en la ciudadanía, exacerbada o compartida por
medios de comunicación, políticos o integrantes de las fuerzas del orden.
Pero el transcurrir del tiempo ha permitido que, salvo algunas voces aisladas,
ello sea tomado como algo natural. Aun cuando debe reconocerse
que la realización en los últimos meses de atentados terroristas cuestiona
nuevamente dichas libertades.
Es claro que la responsabilidad política y moral de dichas personas
queda fuera de duda, más allá de la intencionalidad política que hubieran
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