El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Lisa Magarrell / Leonardo Filippini
internacionales que requieren la adecuación de sus normas internas a los
compromisos internacionales. 27 Tal como señala la Convención Interamericana
contra el Terrorismo, el terrorismo constituye un grave fenómeno
delictivo que preocupa profundamente a todos los Estados miembros,
atenta contra la democracia, e impide el goce de los derechos humanos y
las libertades fundamentales. 28
Sin embargo, el Informe sobre terrorismo indica también que los Estados,
aun en ejercicio del deber de prevenir las acciones terroristas, siguen
plenamente vinculados a sus obligaciones en materia de derechos humanos,
sujetas solo a las suspensiones o restricciones que admite el derecho
internacional cuando se halla amenazada la vida de la nación. 29 Tal como
afirma la Convención Interamericana sobre Terrorismo, ninguna de las
normas antiterroristas puede interpretarse «en el sentido de que menoscaba
otros derechos y obligaciones de los Estados y de las personas conforme
al derecho internacional, en particular la Carta de las Naciones
Unidas, la Carta de la Organización de los Estados Americanos, el derecho
internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos
humanos y el derecho internacional de los refugiados». 30
La asignación de responsabilidades penales, desconociendo las particularidades
de la intervención de cada actor en el conflicto, no es una
solución atractiva para la transición. El caso de El Salvador ilustra adecuadamente
algunas aristas de este fenómeno. Durante el conflicto, muchos
acusados de participar en la guerrilla del Frente Farabundo Martí
para la Liberación Nacional (FMLN) fueron encarcelados. Sin embargo,
ello implicó la detención y encarcelamiento de la oposición antes que
una persecución judicial viable de los abusos. De acuerdo con Americas
Watch —ahora Human Rights Watch—, en enero de 1984 unos 500
presos políticos se encontraban en las cárceles de Mariona (hombres) e
Ilopango (mujeres). A finales de 1986 había 1.174. Muchos fueron captu-
OEA/Ser.L/V/ll.116, Doc. 5 rev. 1 corr., 22 de octubre de 2002.
27
Cfr. Ib., Anexo I.
28
Cfr. CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL TERRORISMO, AG/RES. 1840 (XXXII-O/02). Aprobada
en la primera sesión plenaria, celebrada el 3 de junio de 2002.
29
Cfr. exposición de Juan E. Méndez, presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
en la Tercera Sesión Regular del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE); San
Salvador, El Salvador, 23 de enero de 2003.
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