El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

La responsabilidad penal de los agentes del Estado
interrogante de si la aplicación del tipo penal de tortura a hechos anteriores
a su vigencia vulnera el principio de irretroactividad de la ley penal.
La «flexibilización» del principio de legalidad, no es la única argumentación
posible para evitar la impunidad de los delitos de tortura. Al
respecto, la Comisión de la Verdad y Reconciliación, señaló en el informe
correspondiente a este caso: 20
596. Si bien el delito de tortura no estuvo tipificado como tal en nuestra
legislación penal interna a la fecha de la comisión de los hechos
investigados, la adecuación de estos a la figura vigente es un claro indicador
de la gravedad de los ilícitos cometidos y del considerable desvalor
que suponen tales hechos para nuestra cultura jurídica contemporánea.
597. A la fecha de comisión de los actos de tortura estos se tipificaban
en nuestro ordenamiento penal como delito de lesiones [...]
Debe considerarse que la tipificación de los actos de tortura en el
delito de lesiones de ningún modo elimina el carácter de crimen de lesa
humanidad de las conductas, ni impide aplicarles los principios reconocidos
por los instrumentos internacionales de protección de los derechos
humanos, especialmente la imprescriptibilidad, por tratarse de delitos que
implican graves violaciones de los derechos humanos, 21 Como lo señala la
Primera Sala de la Cámara Federal de Buenos Aires, tal postura «no solo
no contradice ningún principio del derecho internacional sino que, por el
contrario, permite cumplir acabadamente sus fines, al hacer posible el juzgamiento
y la sanción punitiva de los responsables de los crímenes contra
la humanidad». 22
3.4. Ejecuciones extrajudiciales calificadas como delito de genocidio
El caso de la masacre de campesinos en Santa Bárbara, ocurrida el 4 de
julio de 1991, fue motivo de un proceso judicial anterior por delito de genocidio,
el cual fue archivado en aplicación de la ley de Amnistía (ley
26479), en julio de 1995.
20
COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Informe sobre el caso «Violaciones de derechos humanos
cometidas en el cuartel Los Cabitos N. o 51».
21
Tercer Juzgado Penal Especial. Caso «Operativo Chavín de Huantar y ejecución extrajudicial de
miembros del MRTA», resolución del 11 de junio de 2002.
22
Primera Sala de la Cámara Federal de Buenos Aires. Causa 33714, caso «Videla, Jorge Rafael»
(Plan Cóndor), sentencia del 23 de mayo de 2002.
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