El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Ronald Gamarra
lar el mecanismo ideado desde el Ministerio Público y el Poder Judicial.
También merece comentario la abdicación del Parlamento frente a la iniciativa
castrense de reforzar la justicia militar en detrimento del Poder Judicial
en general, y, específicamente, del procesamiento de los miembros
de las fuerzas de seguridad acusados de violaciones de derechos humanos.
En cuanto a las Fuerzas Armadas puede decirse que, al principio, debilitadas
por su compromiso con el régimen autoritario de Alberto Fujimori
Fujimori, aceptaron el inicio de la judicialización; pero que, con posterioridad,
ante la debilidad del gobierno democrático, procedieron con
una lógica rebelde a juzgar, vía los tribunales castrenses, los casos de violaciones
de los derechos humanos. La existencia de una perspectiva política
contraria al proceso de judicialización se ratifica con la negativa de
las autoridades militares a cumplir con los mandatos de detención dictados
en el marco de las causas penales abiertas por delitos de lesa humanidad
y la poca colaboración castrense a la petición judicial de entrega de
información vital para la averiguación de la verdad y el establecimiento
de responsabilidades. Hacia fines del 2005, las Fuerzas Armadas lograron
imponer su proyecto de fortalecimiento de la justicia castrense por medio
de una nueva ley Orgánica y un nuevo Código de Justicia Militar.
Distinto es, por supuesto, el papel desempeñado tanto por el Tribunal
Constitucional como por la Defensoría del Pueblo. Ambas entidades han
contribuido, desde sus ámbitos de competencia, al fortalecimiento del sistema
judicial y, ciertamente, al procesamiento de los autores de graves
violaciones de los derechos humanos. Son los grandes aliados de ese sector
de la magistratura democrática que pugna por verdad y justicia, en el
contexto del Informe Final de la CVR.
En este escenario institucional, carente del apoyo político del Ejecutivo,
la indiferencia del Congreso de la República y la abierta oposición
de las Fuerzas Armadas, las entidades directamente encargadas de la persecución
penal de las violaciones de los derechos humanos transitan un
camino lleno de obstáculos. A ello, se suman los errores y limitaciones
propias del Ministerio Público y el Poder Judicial, pues sus autoridades
han creado un endeble subsistema penal, sus miembros no siempre impulsan
correcta ni decididamente los casos de judicialización, la evidencia
probatoria a colectar se encuentra casi siempre en zonas poco accesibles o
bastante alejadas de la sede fiscal y judicial, y la información sustentatoria
reglamentariamente le es negada por los mandos militares.
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