El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Luis E. Francia Sánchez
similares que no permitía determinar claramente el límite entre uno
y otro. En ambos casos se utilizaban términos y conceptos ambiguos y
genéricos, ampliando el margen de discrecionalidad de la policía, fiscales
y jueces en la calificación jurídica; 5 propiciando abusos y sanciones
desproporcionadas.
– En lo «procesal», se extendieron las facultades de la policía para dirigir
la investigación, aun cuando dicha labor constitucionalmente correspondía
al Ministerio Público. Se estableció una detención por
sospecha; se afectó el derecho de defensa al permitirse la incomunicación
del detenido incluso de su abogado defensor y disponerse que
un abogado solo podía defender a un procesado por terrorismo o traición
a la patria; se estableció la obligación del juez de ordenar detención
preventiva en todos los casos y la prohibición de otorgar alguna
libertad durante el proceso, violando la presunción de inocencia; la
defensa fue limitada al prohibirse ofrecer como testigo a los funcionarios
que elaboraban los atestados policiales, así mismo por los plazos
del proceso (sumarísimo) que impedía ejercer una defensa adecuada.
– En lo «penitenciario» se estableció un régimen de vida rígido, limitando
al máximo la libertad del interno en la cárcel (mediante celdas unipersonales
y limitadas horas de patio), reduciendo el contacto con sus
familiares y el acceso a medios de comunicación. La duración de las
penas era incrementada por la prohibición de beneficios penitenciarios.
La vigencia y aplicación de esta legislación originó reiteradas observaciones
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Comisión
Interamericana) y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(Corte Interamericana); las que no solo señalaban sus deficiencias,
sino que ordenaban acciones inmediatas al Estado para poner fin a dicha
afectación, modificando la legislación antiterrorista y adecuándola a los estándares
de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Convención
Americana).
Una muestra de ello es la sentencia del caso Castillo Petruzzi y otros,
en la que se ordenó al Estado peruano:
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En el vigente proceso penal peruano el atestado policial tiene un importante valor probatorio y contiene
conclusiones que implican, entre otros aspectos, una calificación jurídica del tipo de delito cometido,
la cual es regularmente seguida por el fiscal al momento de presentar la denuncia ante el juez penal.
La relevancia de este documento policial era mucho mayor en los casos de terrorismo, según la
citada legislación.
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