El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Ronald Gamarra
Montesinos Torres, Hermosa Ríos y Martín Rivas con las imputaciones
directas de los tres militares antes nombrados.
Estando a la trascendencia y consecuencias de la sentencia de conclusión
anticipada expedida por la magistratura anticorrupción, no sorprende
que los abogados de la defensa hayan, previamente, formulado
oposiciones a esta, y posteriormente, presentado impugnaciones a ella.
Las primeras fueron rechazadas por la Primera Sala Penal Especializada, y
de seguro que las otras, lo serán también por la Corte Suprema. Y es que,
en realidad, no se puede señalar de irregular —como pretende Montesinos
Torres y compañía— la actuación de la judicatura que procede en
estricta aplicación de la ley: el artículo 5 de la ley 28122, concordado con
el artículo 244 del Código de Procedimientos Penales (según la modificación
introducida por el decreto legislativo 959) y conforme a la ejecutoria
suprema de fecha 21 de septiembre de 2004 recaída en el expediente
1766-2004, que tiene la condición de precedente vinculante, prevé la posibilidad
de conceder la conclusión anticipada en procesos en los que resulten
varios los acusados, y solo una parte de ellos la pretenda.
De otro lado, cabe resaltar también que en el proceso 19-2001 AV
seguido ante la Sala Penal Especial de la Corte Suprema contra Alberto
Fujimori Fujimori por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos, el Ministerio
Público —por medio del dictamen 022-2004-FSC-MP, de marzo
de 2004— formuló acusación al ex presidente por la comisión de los delitos
de asesinato, lesiones graves y desaparición forzada, y solicitó la imposición
de treinta años de privación de la libertad. Y que, por esta y otras
causas vinculadas a violaciones de los derechos humanos se solicita la extradición
del prófugo ex presidente, ayer ante Japón, y hoy ante Chile.
3.2. Procesamiento de violadores de los derechos humanos en el
subsistema penal de derechos humanos
Por fuera del sistema anticorrupción, primero, y como un subsistema penal
de derechos humanos, después, el Poder Judicial creó una estructura
y una organización judicial especializada en esta materia. La decisión del
Poder Judicial, que originariamente intentó responder a una precisa recomendación
de la CVR y a la complejidad que revisten las investigaciones
por violaciones de los derechos humanos, fue adoptada sin tener en claro
el diseño previo que se requería para atender la urgencia y la necesidad,
228