El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Verdad y justicia desde la óptica de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
ya una significativa población de presos sentenciados por pertenecer a
grupos subversivos, habiendo sido sentenciados bajo los tipos de terrorismo
y traición a la patria, conforme a decretos de la época de Fujimori.
Además de las violaciones al debido proceso que eran claras en estos casos,
era evidente que la justicia se había seguido solamente contra los perpetradores
de un lado del conflicto, en tanto que los perpetradores que
pertenecían a estructuras del Estado gozaban de una impunidad total.
Los presos de Sendero Luminoso y el MRTA exigieron al inicio del
proceso de la CVR que esta recomendara una amnistía general para los
miembros de estas organizaciones, pues se consideraban «prisioneros de
guerra» o «presos políticos» y hasta consintieron en dar testimonios y colaborar
con la verdad, por lo que fue posible conseguir largas entrevistas y
declaraciones públicas de los líderes de los grupos subversivos. Sin embargo,
esta política de cooperación cambiaría después, cuando el Tribunal
Constitucional planteó reformas en las leyes antisubversivas, abriendo el
camino para nuevos juicios para aquellas personas acusadas de terrorismo
y traición. 17 En tanto era claro que la Comisión no recomendaría una
amnistía general y en la perspectiva de nuevos juicios, los miembros de
las organizaciones subversivas mantuvieron el contenido de sus testimonios
en un terreno seguro, evitando la autoincriminación y justificando
los crímenes como «errores, excesos y limitaciones» sobre los cuales pocos
aceptaban la responsabilidad directa.
Desde el inicio, algunos comisionados declararon a los medios de comunicación
que la CVR identificaría a los responsables por nombre para
contribuir a la lucha contra la impunidad. Sin embargo, no fue hasta mucho
más tarde en el proceso que desarrollaron criterios concretos para
hacerlo. Así mismo, al principio, la Comisión emergió con una estrategia
muy tentativa para la investigación, con un enfoque sobre casos de connotación
pública. Una de las primeras tareas del equipo de investigación
jurídica fue recopilar una lista de unos cien «casos que no pueden olvidarse».
Paralelamente, otro equipo de investigación establecía el derecho
aplicable y los patrones que se debía investigar. Esto resultó en dos trabajos
separados que solo convergieron en la última etapa de la vida de la
Comisión, cuando se tenía que preparar el Informe Final.
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Tribunal Constitucional de Perú. Expediente 010-2002-AI/TCLIMA, una acción presentada por
Marcelino Tineo Silva y más de 5.000 ciudadanos.
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