El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Los procesos penales contra las organizaciones terroristas
– Decreto ley 25659 (13 de agosto de 1992) que tipificó el delito de
«traición a la patria». 2
– Decreto ley 25708 (10 de septiembre de 1992) que señaló el procedimiento
para los juicios por el delito de traición a la patria.
– Decreto ley 25728 (18 de setiembre de 1992) que permitió que un
procesado pudiera ser sentenciado en ausencia.
– Decreto ley 25744 (27 de septiembre de 1992) que estableció las
normas que se aplicarían en la investigación, juzgamiento y ejecución
de la pena del delito de traición a la patria.
– Decreto ley 25880 (26 de noviembre de 1992) que tipificó como delito
de traición a la patria la conducta del docente que valiéndose de
su condición influye realizando apología del terrorismo.
Como consecuencia de la aplicación de estas normas, así como del
accionar de las fuerzas del orden —especialmente la policía especializada
en casos de terrorismo—, se observó un incremento significativo de los
internos por delito de terrorismo y «traición a la patria» desde 1992, que
alcanzó su máximo nivel en 1996, cuando existían 3.725 internos en las
cárceles peruanas. 3
Lamentablemente, el «éxito» de la política criminal del Estado y la
administración de justicia penal se basaron en una legislación que vulneraba
derechos fundamentales, motivando una constante crítica de las organizaciones
nacionales e internacionales de derechos humanos y de la
sociedad civil, así como del propio Estado peruano. 4
Las deficiencias de dicha legislación pueden resumirse de la siguiente
manera:
– En lo «sustantivo» violaba el principio de legalidad, en tanto los tipos
penales de terrorismo y traición a la patria contenían elementos
2
Esta errada denominación, que hacía referencia a las modalidades agravadas de terrorismo y no a
los supuestos de lo que se entiende por traición a la patria, originó dificultades y críticas. Al parecer,
uno de los motivos para adoptar esta decisión fue la intención de derivar a la justicia militar su juzgamiento.
3
Según el Boletín de Estadística del Instituto Nacional Penitenciario de octubre de 1996, en dicho
mes existían 2.977 internos por delito de terrorismo y 748 por traición a la patria.
4
Desde su creación en 1996, la Defensoría del Pueblo cuestionó, de manera reiterada, dicha legislación
y la forma cómo se desarrollaron los procesos penales, recomendando la derogación de una nueva
legislación sobre la materia. Al respecto, pueden revisar los Informes Defensoriales N.° 11 y N.° 29.
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