El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Derechos humanos, justicia y transición democrática: el balance institucional
En agosto de 2005 se inició el juicio oral contra los miembros del
grupo Colina. En septiembre del mismo año, la Primera Sala anticorrupción
admitió la conclusión anticipada formulada por Julio Chuqui Aguirre
y Marco Flores Alván —quienes admitieron los cargos contendidos en la
acusación fiscal—, condenándolos a seis años y cuatro años de privación
de la libertad.
Este episodio judicial tiene una trascendencia inimaginable. Por un
lado, es la primera vez en la historia del Perú que violadores de los derechos
humanos admiten de forma pública y ante la autoridad judicial competente
ser integrantes de un escuadrón de la muerte, haber intervenido
en los asesinatos múltiples de Barrios Altos y La Cantuta, y en las desapariciones
forzadas de campesinos del Santa y del periodista Pedro Yauri, y
atribuyen responsabilidades a otros militares hoy también procesados.
En segundo lugar, es la primera vez que acusados por violaciones de
los derechos humanos demuestran su conformidad con los términos de la
acusación fiscal y, en consecuencia, se acogen a la institución de la conclusión
anticipada del proceso (ley 28122). En adelante, quedan vinculados
al proceso penal en calidad de testigos, debiendo concurrir las veces
que sean citados por la magistratura.
En tercer lugar, la solicitud de acogimiento y la propia sentencia que
declara la admisibilidad de la conclusión anticipada rompe la estrategia
jurídica sostenida por Vladimiro Montesinos Torres, Nicolás Hermoza Ríos,
Santiago Martin Rivas y otros acusados, que descansaba en la uniforme
negación de la existencia de un grupo paramilitar en el seno del ejército
y, en consecuencia, su no intervención en crímenes de lesa humanidad.
También, fractura la unidad de los acusados y, en todo caso, termina con
la presión que los llamados «autores intelectuales» y los mandos medios
de Colina ejercían sobre determinados ejecutores directos que, ante la
contundencia de las pruebas acumuladas y las penas solicitadas por la Fiscalía,
se debatían entre la confesión y el miedo.
En cuarto lugar, la separación del proceso de Chuqui Aguirre y Flores
Alván —así como la de Isaac Paquiyauri Huaytalla, a quien se homologó
su sentencia de colaboración eficaz— permitirá un desarrollo más dinámico
del juicio oral, toda vez que se reduce el número de acusados, se
fortalece el marco probatorio contra los miembros del grupo paramilitar y la
judicatura está en condiciones de confrontar públicamente la negativa de
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