El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

La justicia penal y la verdad en la transición democrática
ducta está siendo revisada, el proceso tiene que ser individualizado y se
debe respetar los derechos básicos del debido proceso. 57 Las lecciones extraídas
de distintas experiencias en esta materia indican que los procesos
grupales de descalificación han sido o demasiado arbitrarios o poco eficaces
como sustituto de la sanción penal, pero un proceso de descalificación
individualizada y justa en su aplicación sí puede constituir un aporte
para atender la brecha de la impunidad que resulta de la incapacidad de
enjuiciar a todos los posibles responsables de todos los crímenes cometidos.
58 Algunos han señalado que a pesar del atractivo que representa la
posibilidad de impedir la presentación de actores implicados en violaciones
de los derechos humanos y represión en la elección para cargos públicos,
o para servir en las Fuerzas Armadas o la administración pública,
«hay que vigilar que esta y otras formas alternativas a la justicia penal no
sean utilizadas como un modo de mejorar la imagen del proceso y dejar
las cosas como están». 59
Por otra parte, la aplicación de un proceso de descalificación puede
ayudar al avance de la justicia transicional en el sentido de prevenir abusos
en el futuro y hacer más factible el trabajo efectivo de los sectores de
justicia y seguridad, elementos clave para la persecución penal eficaz. En
Argentina, por ejemplo, la información de la CONADEP y de otros archivos
privados fue utilizada muchas veces por las ONG y por distintas fuerzas
políticas para obstruir el ascenso de militares y funcionarios cuya nominación
requería consentimiento del Senado de la Nación. Recientemente
ha habido algunos avances para facilitar el acceso a la información sobre
las deliberaciones legislativas referidas a ascensos y nombramientos, aunque
la situación todavía dista de tener una reglamentación enteramente
satisfactoria.
Por otro lado, es obvio que luego de un conflicto serio es probable
que la propia administración de la justicia penal deba ser objeto de reforma
antes de que pueda esperarse de ella algún aporte sustantivo al proce-
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Cfr. «Vetting, Institutional Reform and Transitional Justice: an Operational Framework» del ICTJ
y PNUD. Diciembre 2004, pp. 3-4.
58
«Vetting, Institutional Reform and Transitional Justice: an Operational Framework» del ICTJ y
PNUD. Diciembre 2004, p. 4.
59
INSTITUTO INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS (IIDH) e INSTITUTO PARA LA DEMOCRACIA Y LA
ASISTENCIA ELECTORAL (IDEA). Verdad, justicia y reparación: desafíos para la democracia y la convivencia
social, 2005, p. 36.
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