El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Presentación y aplicación de la ley penal
Evidentemente, no hay en este tema una solución aplicable universalmente
porque las decisiones sobre los mecanismos más apropiados deben
ser locales para que estos resulten eficaces y, especialmente, para que
la sociedad los haga propios y se apropie también de sus resultados. Pero
hagamos una salvedad: la decisión democrática es necesaria para la elección
del «modo» en que se cumplirán estas obligaciones, y debe surgir de
un libre y transparente debate. Pero la mayoría no puede disponer del
tema de lo «que se debe hacer», ya que el límite material de la voluntad
de la mayoría es precisamente el derecho de cada persona y, especialmente,
el derecho de cada persona vulnerable y sin poder y que por ello ha sido
víctima de violaciones de los derechos humanos.
En la enumeración de obligaciones del Estado nos hemos referido a
cuatro elementos fundamentales de una política adecuada para enfrentar
el legado de violaciones del pasado. No hemos mencionado la reconciliación
como uno de tales objetivos. Lo cierto es que la reconciliación es el
objetivo último de todo el ejercicio. 8 En algunos casos será necesario además
promover diálogos intercomunitarios para eliminar el estigma y el resentimiento
que pueden llevar a un nuevo ciclo de violencia. En la mayoría
de los casos, sin embargo, una política armónica y equilibrada entre
todos estos mecanismos tiene mejor posibilidad de alcanzar una genuina
reconciliación y superación del conflicto profundo que ocasionó las violaciones
de los derechos humanos. Por el contrario, una negativa obcecada
a revisar el pasado sobre la base de una «reconciliación» decretada desde
arriba y sin exigir de los violadores de derechos humanos ninguna conducta
que contribuya a esa reconciliación, es una falacia que solo sirve
para que desconfiemos inmediatamente cuando alguien alude a la reconciliación
de esta manera.
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José Zalaquett afirma que la reconciliación es objetivo último (en lo que coincidimos) y
también «condición de legitimidad» de toda política de reflexión sobre el pasado. En este
último punto coincidimos en que no es legítima una metodología que se proponga la
profundización de conflictos en el seno de la sociedad. Pero erigir a la reconciliación en
condición de legitimidad nos parece que pone a la verdad, a la justicia, a las reparaciones y
la reforma institucional en calidad de «instrumentos» útiles para la reconciliación, lo cual
tendería a negarles el valor intrínseco que cada una de ellas tiene. Además, aun si no se
obtuviera en definitiva la reconciliación (lo cual no se puede garantizar en cualquier caso),
ello no quiere decir que una exploración honesta del pasado no se justifique por sí misma.
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