El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Ronald Gamarra
previamente obtenida en el subsistema judicial anticorrupción. Claro que,
después de hacerse público el informe, este facilitó a su vez la continuidad
de los procesos por violación de los derechos humanos en aquel subsistema.
Por su parte, el subsistema penal de derechos humanos puede calificarse
de endeble, y no llega a responder a la precisa recomendación de la
CVR y a la complejidad que revisten las investigaciones por violaciones
de los derechos humanos. Además, si bien es cierto que algunos casos específicos,
tramitados por fiscales y jueces capaces y —hay que decirlo—
valientes, registran a la fecha avances bastante significativos: adecuada
formalización de denuncia, fundamentado auto de apertura de instrucción,
aplicación directa del derecho internacional de los derechos humanos
y del derecho penal internacional, justificado mandato de detención
en contra de los procesados, actuación oportuna de primeras diligencias,
rechazo de articulaciones presentadas por los encausados (excepciones de
amnistía, prescripción y cosa juzgada), etc.; no cabe duda de que la judicialización
de los casos de violación de los derechos humanos es un proceso
lento, responde a un débil subsistema penal, sin voluntad y respaldo
político, sin mayores recursos económicos y humanos, conformado por
magistrados que carecen de adecuada protección personal, que en no pocos
casos conservan su elevada carga de investigaciones y procesos comunes,
que no se deciden a abrir investigaciones de oficio, muchas veces reticentes
a aplicar el derecho internacional de los derechos humanos, y
con la difícil tarea de llevar un proceso penal alrededor de hechos ocurridos
tantos años atrás, cuya evidencia, testigos y sobrevivientes se encuentran
casi siempre en zonas poco accesibles o bastante alejadas de la sede
fiscal y judicial, y con información sustentatoria que reglamentariamente
le es negada por las autoridades militares.
Debe precisarse, también, que no se percibe un mayor impulso oficial
a los casos de judicialización vinculados a los hechos de violencia sexual
contra las mujeres, y que se observa más bien en las investigaciones en
curso una lentitud e insuficiencia exasperantes. El caso Manta y Vilca,
por ejemplo, no ha recibido mayor atención pese a haber trascurrido cerca
de 30 meses de su entrega a la Fiscalía de la Nación, y más de 22 meses
de ser asignado a la Fiscalía Provincial Penal de Huancavelica. Por
cierto, las averiguaciones del Ministerio Público, en este como en el caso
de Magdalena Monteza Benavides, no están orientadas de manera clara y
específica bajo el rubro penal de la tortura.
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