El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Ronald Gamarra
Esta última disposición garantiza, correcta y prudentemente, que las
investigaciones de violaciones de los derechos humanos se realicen en los
lugares donde se produjeron los hechos y por las autoridades fiscales de la
circunscripción. Y es que, como reza los considerandos de la misma, es
obligación del Ministerio Público reunir las pruebas del hecho denunciado
y en tanto estas se encuentran en distintas circunscripciones territoriales,
al igual que las víctimas y testigos, se hace imperativo que dichas investigaciones
se realicen en los lugares donde se produjeron tales hechos.
Lo dispuesto por el Ministerio Público guarda concordancia con las
garantías de juez natural, inmediatez y celeridad procesal, y se corresponde
con una realidad ineludible, como es el hecho de que las víctimas y
testigos viven en lugares apartados de la ciudad capital y que el desplazarse
para conocer el estado de sus procesos o atender cualquier requerimiento
judicial demandará un gasto que ni ellos ni el Poder Judicial están
en posibilidades de asumir.
En cuanto al desempeño de los representantes del Ministerio Público
en el subsistema de derechos humanos, cabe destacar el esfuerzo de los
fiscales de provincias que —a diferencia de los de Lima— han sustentado
sus denuncias en la aplicación directa de los tratados internacionales sobre
derechos humanos.
Análisis
El Ministerio Público es susceptible de diversas críticas en el tema de la
judicialización de las violaciones de los derechos humanos. En primer lugar,
se puede constatar en la fiscalía la existencia de una cantidad considerable
de casos de violaciones de los derechos humanos que hasta la fecha
no han sido denunciados al Poder Judicial. Aunque se alega que esto
se debe a la falta de recursos de esta institución para el cumplimiento de
sus funciones, en los hechos tiene en muchos casos como razón fundamental
la falta de voluntad e interés de los fiscales para llevar adelante las investigaciones
y formular denuncias penales, a pesar de la existencia de
múltiples evidencias de los crímenes y de la responsabilidad de los investigados.
En segundo lugar, merece comentario la fallida propuesta del Ministerio
Público para proceder a la derogatoria de las leyes de Amnistía da-
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