El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

La justicia penal y la verdad en la transición democrática
nidad internacional de cooperar para la recuperación de la paz y de la democracia
en sentido constructivo. En un sentido similar, la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos ha señalado que «la comunidad internacional
ha identificado una serie de lineamientos en materia de
verdad, justicia y reparación que se nutren tanto de las experiencias vividas
en distintas sociedades como en los principios de derecho reflejados
en la obligación de los Estados de administrar justicia conforme al derecho
internacional». 11 Las normas internacionales, su interpretación jurisprudencial
y los lineamientos de los órganos intergubernamentales, coinciden
«en identificar a la verdad, la justicia y la reparación como desafíos
fundamentales e ineludibles en la reconstrucción de una cultura de paz,
tolerancia, respeto a la ley y rechazo a la impunidad». 12
Dentro de este marco general, ha habido desarrollos bien concretos
respecto de la necesidad de desplegar la persecución penal respecto de
ciertas conductas, como requisito impuesto por el derecho internacional.
En esta línea, deben citarse, por ejemplo, los principios de Louis Joinet, 13
hoy actualizados por el estudio de Diane Orentlicher. 14 En el ámbito regional
interamericano, es muy conocida la fuerte posición de la Corte Interamericana
de Derechos Humanos que de modo constante ha establecido
que ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un
Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los responsables
de violaciones de derechos humanos. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos ha establecido, en especial, que son inaceptables las
disposiciones de amnistía, las reglas de prescripción y el establecimiento
de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación
y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos
humanos como las ejecuciones y desapariciones. La obligación del Estado
de investigar de manera adecuada y sancionar, en su caso, a los responsa-
Universidad del Salvador, Buenos Aires, 7 de diciembre de 2004.
11
Informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el proceso de desmovilización en
Colombia, emitido el 13 de diciembre de 2004, OEA/Ser.L/V/II.120 Doc. 60, para. 10.
12
Ib., para. 14.
13
«Informe final revisado acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de violaciones de los
derechos humanos (derechos civiles y políticos) preparado por el señor Louis Joinet de conformidad
con la resolución 1996/119 de la Subcomisión», ONU, Comisión de Derechos Humanos, 49.° período
de sesiones, Doc. E/CN.4/Sub.2/1997/20/Rev.1, anexo II.
14
«Estudio independiente sobre mejores prácticas, incluyendo recomendaciones, para asistir a los
Estados en el fortalecimiento de las capacidades internas para combatir todos los aspectos de la im-
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