El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

El papel de la sociedad civil en la demanda y promoción de justicia
A pesar de que se tenía la certeza de la voluntad estatal para afrontar
esta tarea histórica, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial emitió dos
cuestionables resoluciones administrativas: la 060-2005-CE-PJ y la 075-
2005-CE-PJ. La primera de ellas otorga competencia a nivel nacional a los
Juzgados Penales Supra Provinciales de Lima y Ayacucho y; la segunda,
deja sin efecto la competencia a nivel nacional del Juzgado Supra Provincial
de Ayacucho. El 13 de abril de 2005, la Sala Penal Nacional 27 aprobó
la directiva 01-2005-P-SPN por la que, conforme a su artículo 1, los Juzgados
Penales, el Juzgado Supra Provincial de Ayacucho y Mixtos de los diversos
distritos judiciales del país deberán remitir «en el término de la
distancia», a la Mesa de Partes Única de los Juzgados de Lima, las nuevas
denuncias por los delitos contra la humanidad formalizadas por el Ministerio
Público así como las que se encuentren «pendientes de calificar»,
siempre que se encuentren comprendidos en tales denuncias, tres o más
agraviados. Tal disposición de la Sala Penal Nacional la calificamos de arbitraria
y sin sustento técnico ni legal alguno.
Como ha señalado la CVR en su Informe Final, el escenario de la violencia
política que azotó duramente al país tuvo su principal centro en el
departamento de Ayacucho, el cual cuenta con el mayor número de casos
de desaparecidos, ejecutados y torturados que dejó el conflicto armado interno
durante veinte años. En virtud de ello, los casos de violaciones de
derechos humanos deben investigarse, procesarse y juzgarse en el lugar en
el que ocurrieron los hechos. En consecuencia, al haberse implementado
esta directiva, se está violentando el debido proceso, el acceso a la justicia
y la tutela efectiva de la administración de justicia de los familiares de las
víctimas, además del proceso de búsqueda de verdad y justicia que
involucra al sistema de administración de justicia. La decisión de la Sala
Penal Nacional tendrá como consecuencia el retardo en los procesos judiciales
ya que, en la mayoría de los casos, los testigos y familiares de las víctimas
residen en la zona donde se perpetraron los hechos. Movilizar a los
magistrados a las provincias implicará la utilización de grandes recursos
económicos, con los cuales sabemos que no cuenta el Poder Judicial.
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La Sala Penal Nacional es la instancia judicial especializada en el procesamiento de violaciones de
derechos humanos originadas durante el conflicto armado interno peruano, con excepción de los casos
relacionados con el grupo Colina, Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, que vienen siendo
procesados por el sistema anticorrupción.
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