El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Derechos humanos, justicia y transición democrática: el balance institucional
ente con experiencia y a la vez descentralizado para lograr un empadronamiento
ordenado y eficaz.
Claro que la ley aprobada solo considera reparaciones individuales no
dinerarias (becas de estudio, vivienda, salud, etc.) y las reparaciones
colectivas, quedando pendientes las reparaciones individuales dinerarias
(indemnizaciones), que sí fueron propuestas por la CVR.
d. En el ámbito del procesamiento a violadores de los derechos humanos,
el Congreso autorizó el levantamiento de la inmunidad y el subsecuente
proceso penal contra el ex presidente Alberto Fujimori Fujimori
por su participación en los hechos de Barrios Altos y La
Cantuta. Posteriormente, autorizó su procesamiento por parte de la
Comisión por otros delitos de lesa humanidad (hechos ocurridos en
el sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, asesinato del dirigente
sindical Pedro Huilca Tecse, tortura al periodista Fabián Salazar,
etc.).
También debe mencionarse la aprobación, en diciembre de 2000, de
la ley 27378, de colaboración eficaz, que expedida en el contexto de
la lucha contra la corrupción extiende sus alcances a los casos de
violación de los derechos humanos. Inicialmente, la ley prohibía la
concesión de beneficios a los autores de delitos de lesa humanidad,
sin embargo, en atención al hecho de que tales limitaciones impedían
acceder a información de primera mano y de trascendencia
suma para el esclarecimiento de los hechos atribuidos particularmente
al grupo paramilitar Colina, se modificó la norma, de suerte que
ahora ello es posible, permitiéndose la rebaja de la pena a imponerse,
mas no su exención. La utilidad y conveniencia de esta ley ha
quedado fuera de duda en el juicio al grupo Colina, donde tres de
sus miembros la invocaron y entregaron información importantísima
para el conocimiento de la verdad y la determinación de las
responsabilidades.
Así mismo, en mayo de 2005, el Congreso aprobó la ley 28516, mediante
la cual se modifica el artículo 407 del Código Penal, ampliando
la figura de omisión de denuncia, en los supuestos en los que esta
esté referida a los delitos de genocidio, tortura o desaparición forzada;
norma que viene a llenar un vacío legal y cuya importancia en la
lucha contra la impunidad está totalmente sobrentendida.
El Congreso promulgó en junio de 2003 la resolución legislativa 27998,
221