El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

La responsabilidad penal de los agentes del Estado
vulneración del principio de legalidad, pues la desaparición forzada es reconocida
en el derecho internacional de los derechos humanos como un
delito de naturaleza permanente, mientras no se descubra el paradero de
la víctima. 17 Así también lo ha señalado el Tribunal Constitucional peruano,
en sentencia de 18 de marzo de 2004, recaída en el caso Villegas
Namuche (expediente 2488-2002-HC/TC).
[...] en los delitos permanentes pueden surgir nuevas normas penales,
que serán aplicables a quienes en ese momento ejecuten el delito, sin
que ello signifique aplicación retroactiva de la ley penal. Tal es el caso
del delito de desaparición forzada de personas, el cual [...] deberá ser
considerado como delito permanente mientras no se establezca el destino
o paradero de la víctima (párrafo 26).
Siguiendo este planteamiento, el Juzgado Mixto de Víctor Fajardo en
Ayacucho, abrió instrucción en el caso desaparición de candidatos en
Huancapi, mediante resolución del 7 de octubre de 2004:
[...] si bien la presunta detención de los agraviados se dio inicio el 19
de abril del año 1991, cuando aún no se encontraba vigente en nuestro
Código Penal el delito contra la humanidad en la modalidad de
desaparición forzada, ello no constituye impedimento para que se lleve
a cabo el correspondiente proceso penal [...], por cuanto si bien el
principio de legalidad penal [...] incluye entre sus garantías la de la lex
previa [...]; en el caso de los delitos de naturaleza permanente, la ley
penal aplicable no necesariamente será la que estuvo vigente cuando
se ejecutó el delito, toda vez que el delito de desaparición forzada es
un delito permanente, mientras no se establezca el destino o paradero
de la víctima, así lo establece el artículo III de la Convención Interamericana
sobre Desaparición Forzada de Personas, así también lo ilustra
la Sentencia del Tribunal Constitucional Peruano en el Expediente
N. o 2488-2002-HC/TC [...].
De la misma forma, el Cuarto Juzgado Penal Supraprovincial, en la
resolución de 1 de julio de 2005, relacionada con el caso ejecuciones arbitrarias
de pobladores en Cayara, ha señalado:
17
La naturaleza permanente de la desaparición forzada de personas ha sido señalada por la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que en el artículo III ha establecido
que «[...] Dicho delito será considerado como continuado o permanente mientras no se establezca el
destino o paradero de la víctima [...]». Por su parte, la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
ha señalado en la sentencia de 29 de julio de 1989, recaída en el caso Velásquez Rodríguez, que
«155. La desaparición forzada de seres humanos constituye una violación múltiple y continuada de
numerosos derechos reconocidos en la Convención y que los Estados Partes están obligados a respetar
y garantizar [...]».
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