El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Lisa Magarrell / Leonardo Filippini
Los grupos cercanos a los militares, en general, acordaron la idea de
categorizar a los grupos guerrilleros como combatientes. Como apoyo empírico
de esta afirmación es muy común encontrar referencias a la cantidad
de miembros de las principales organizaciones —entre ellas, el Ejército
Revolucionario del Pueblo y Montoneros—, su entrenamiento militar
y, en especial, el fuerte patrimonio con que contaban a partir del exitoso
secuestro del empresario Jorge Born, lo que habría puesto a algunas organizaciones
en una situación de fuerte influencia. Con relación al papel de
la sociedad, cuestionaban también el lugar neutral que les asignaría la mirada
de Alfonsín. Para los militares, la sociedad era víctima de los grupos
guerrilleros y apoyó, en consecuencia, la acción militar del Estado para su
aniquilamiento. 24
Los grupos cercanos a las víctimas de violaciones de derechos humanos
criticaron también la lectura de la administración de Alfonsín. Se
cuestionaba, principalmente, el hecho absurdo de considerar en pie de
igualdad la situación de quienes habían actuado utilizando el aparato represivo
del Estado con la de quienes habían actuado al margen de la ley
durante la dictadura. Hay incontables matices en esta posición. Una reducida
corriente de opinión, por ejemplo, más comprometida con la lucha
armada de las organizaciones guerrilleras —por cierto tan minoritaria
como la que aún defiende la represión ilegal de los militares— afirma que
lejos de poder considerarse a las acciones armadas criminales, debería valorárselas,
como ejemplo de lucha y resistencia al poder opresor de la dictadura.
Lo interesante es que esta posición tampoco atribuye un papel
inocente a la sociedad que no participó de modo directo en las acciones
violentas. O bien se apoyaba a los grupos que resistían, o bien se era
cómplice del Estado represor. Tras largos y encendidos debates, la amplia
mayoría de opinión en Argentina reconoce y condena hoy la «guerra sucia»
de la represión, pero sin legitimar ni recuperar históricamente la lucha
de los grupos alzados en armas.
Como podemos ver, hay muchas tensiones identificables. 25 Por supuesto,
en cada caso particular, el escenario puede variar sobre la base de
presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina. Buenos Aires: Siglo XXI, 2002.
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Utilizamos la voz «aniquilamiento», porque este es el término utilizado por los decretos presidenciales
de Isabel Martínez de Perón al encomendar a las Fuerzas Armadas sofocar las acciones guerrilleras.
Después de meses del dictado de los decretos, las Fuerzas Armadas derrocaron a la señora de
Perón. El 24 de marzo de 1976 comenzó la dictadura militar bajo el nombre de «Proceso de Reorganización
Nacional».
25
El caso argentino, aun así, no permite analizar cuál hubiera sido el efecto de la política de Alfon-
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