El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Gloria Cano / Karim Ninaquispe
69.000 peruanos y peruanas muertos o desaparecidos en manos de las
organizaciones subversivas (55,5% de las víctimas mortales) o por obra
de los agentes del Estado (44,5%); víctimas que en su mayoría fueron
quechuahablantes. Esta cifra descarta errores o excesos que alegan los
defensores de los militares y descubre más bien la responsabilidad de
las autoridades civiles y altos miembros de las Fuerzas Armadas al aplicar,
en ciertos sectores y períodos, prácticas generalizadas y/o sistemáticas
de violaciones de los derechos humanos que constituyen crímenes
de lesa humanidad, así como transgresiones a normas del derecho
internacional humanitario.
La responsabilidad de los gobiernos civiles al desatender las denuncias
de violaciones de los derechos humanos o, en muchos casos, al garantizar
la impunidad para los responsables de estas, 18 así como la proclividad
de dichos Gobiernos a la solución militar sin control civil, estuvo
en consonancia con la percepción de un considerable sector de la sociedad
peruana; principalmente el sector urbano medianamente instruido,
beneficiarios de los servicios del Estado y habitantes de las zonas alejadas
del epicentro del conflicto. Este sector observó mayoritariamente con indiferencia
o reclamó una solución rápida, dispuesta a afrontar el «costo
social» que era pagado por los ciudadanos de las zonas rurales y más empobrecidas.
19
Efectivamente, como lo señala la CVR, existen responsabilidades políticas
de los gobiernos de turno. Sin embargo, como lo ha venido sosteniendo
el movimiento en pro de los derechos humanos y organizaciones
de afectados por la violencia política, estas responsabilidades no solo se
agotan en un tema político, sino que existen evidencias de responsabilidades
penales por las graves violaciones de los derechos humanos que se
perpetraron durante los últimos veinte años, siendo los principales responsables
los altos funcionarios civiles y militares que legitimaron la violencia
como única estrategia en la lucha contra la subversión.
El aporte considerable de la CVR en materia de justicia no es solo la
identificación de responsabilidades penales —que el Poder Judicial determinará—,
sino el haber señalado que se cometieron crímenes de lesa humanidad,
producto de la puesta en marcha de una estrategia sistemática y gene-
18
Cfr. Ib. Conclusión 73, p. 365.
19
Cfr. Ib. Conclusión 77, p. 366.
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