El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

8. Conclusiones
Derechos humanos, justicia y transición democrática: el balance institucional
Solo es posible avanzar en el camino de la judicialización de las violaciones
de los derechos humanos si es que se pone en movimiento el conjunto
de la maquinaria estatal. Es decir, cuando más allá de los discursos, el
Estado por medio de sus diversas instituciones muestra y demuestra una
voluntad política a favor de la verdad y la justicia. Ciertamente que, en
este tema, corresponden al Ministerio Público y al Poder Judicial papeles
fundamentales e irremplazables; pero sin el apoyo político del Ejecutivo y
la colaboración y complemento de instituciones como el Congreso de la
República, el Tribunal Constitucional, la Defensoría del Pueblo y las propias
Fuerzas Armadas, el camino es más lento y tortuoso, y el proceso encuentra
demasiados obstáculos y se halla sujeto a contramarchas y, en definitiva,
enderezado a un posible fracaso.
En el Perú, tratándose de los casos judicializables presentados por la
CVR, es posible observar el distinto aporte de las instituciones del Estado
al esfuerzo de llevar ante los tribunales a los perpetradores de violaciones
de los derechos humanos, así como el efecto del tiempo y del cambio de
la coyuntura política en el mantenimiento o disminución del compromiso
estatal con la tarea de la judicialización y el cumplimiento del Informe Final
de la CVR. En lo que atañe al Poder Ejecutivo, por ejemplo, cabe
destacar cómo el inicial discurso de una «nueva política gubernamental
en materia de protección de los derechos humanos» y la reconocida promulgación
de un conjunto de medidas en esa dirección no se sostuvo con
el paso de los años, cediendo más bien hasta decantarse en una serie de
críticas respecto a supuestos errores, exageraciones y parcialidad del informe
en el tema de la responsabilidad de los agentes del Estado en la perpetración
de violaciones de los derechos humanos. Evidenciándose, en
general, una ausencia de voluntad política en el Gobierno para apoyar el
proceso de verdad y justicia.
Por su parte, las importantes leyes aprobadas por el Congreso de la
República en materia de judicialización, siguiendo las recomendaciones
de la CVR, no resultaron del todo suficientes para servir de apoyo decisivo
a la tarea de investigación y procesamiento de los autores de violaciones
de los derechos humanos; destacándose particularmente la temprana
omisión de los partidos políticos allí representados en el diseño de un
subsistema judicial especializado, de carácter temporal, para la persecución
de los crímenes de lesa humanidad, y la ulterior negativa a reformu-
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