El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

La responsabilidad penal de los agentes del Estado
La responsabilidad penal de los agentes
del Estado
Eduardo Vega Luna *
Introducción
Entre los años 1980 y 2000 el Perú vivió un grave proceso de violencia
originado por la acción de los grupos subversivos Sendero Luminoso y
MRTA. Ellos asesinaron a miles de ciudadanos y autoridades, dañaron la
infraestructura pública y privada, y generaron un clima de inestabilidad y
terror en el país. El Estado implementó diversas acciones para desarticular
los grupos subversivos logrando, a partir de 1992, detener a los principales
dirigentes subversivos y de esta forma vencer sus propósitos políticos.
En el transcurso del conflicto armado se produjeron graves y
numerosas violaciones de los derechos humanos, tanto por parte de los
grupos subversivos como por parte de agentes del Estado, que una sociedad
democrática basada en el respeto a los derechos de las personas no
puede tolerar ni admitir su impunidad.
La Comisión de la Verdad y Reconciliación de Perú (CVR), instalada
en el 2001, tuvo la misión de analizar las causas de la violencia y proponer
las medidas más adecuadas para que la sociedad peruana superara tal
situación. Así mismo, tuvo el encargo de contribuir con el sistema de justicia
en la identificación de responsabilidades de las graves violaciones de
los derechos humanos cometidas en ese período.
Al culminar su trabajo, en agosto de 2003, la CVR presentó al país
su Informe Final y junto con él entregó 47 casos de violaciones de los derechos
humanos en los que recomienda el desarrollo de investigaciones
judiciales. En esos casos, reunió información, testimonios y documentos
* El autor agradece a los colegas de la Defensoría del Pueblo por permitirle exponer las principales
ideas en esta publicación dirigida a analizar el proceso posterior a la CVR en el Perú.
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