El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Derechos humanos, justicia y transición democrática: el balance institucional
Convención y por la jurisprudencia de la Corte». En su fallo (25 de
noviembre de 2004), la Corte decidió rechazar la demanda de la Comisión
Interamericana, sosteniendo que en el juicio al que fue sometida
se respetaron sus derechos. La sentencia expresa todo un análisis
del proceso desarrollado por el Perú para mejorar la legislación antiterrorista
y acercarse con ello a los estándares internacionales de
protección de los derechos humanos.
Merece destacarse también, la posición peruana respecto de la Corte
Penal Internacional, cuyo Estatuto ha sido ratificado por el Estado
(el Perú suscribió el Estatuto de Roma el 7 de diciembre de 2000 y
depositó el Instrumento de Ratificación el 10 de noviembre de
2001), así como la no aceptación peruana al requerimiento del Estado
norteamericano para firmar un acuerdo bilateral que permita la
sustracción a la jurisdicción de la Corte a nacionales de los países
concernidos.
e. De otro lado, debe valorarse el esfuerzo y la consistencia del Estado
en procura de la extradición del prófugo Alberto Fujimori Fujimori,
primero ante Japón, y después ante Chile. Como cabe recordar, actualmente
existe un conjunto de procesos penales contra el ex mandatario
por actos de corrupción y graves violaciones de los derechos
humanos (Barrios Altos y La Cantuta, entre otros), en los que la justicia
ha dictado mandato de detención, lo ha declarado reo contumaz
y ha ordenado su captura a nivel nacional e internacional.
En enero de 2006, el Gobierno presentó ante las autoridades chilenas
la solicitud de extradición de Alberto Fujimori. Si bien el Estado
peruano era consciente de la posibilidad de tramitar la extradición de
Alberto Fujimori comprendiendo el conjunto de los delitos que se le
imputan —salvo los que no superen el baremo del tratado de extradición
con Chile de 1932 en cuanto a la doble incriminación y mínima
entidad del delito—; finalmente se adoptó la postura de pedir la
extradición por 12 casos: 10 relacionados con delitos de corrupción y
2 por violaciones de los derechos humanos (Barrios Altos, La Cantuta,
y los hechos ocurridos en el sótano del Servicio de Inteligencia
del Ejército).
f. No puede obviarse el hecho de que, en julio de 2005, desde el Poder
Ejecutivo se haya presentado un proyecto de ley sobre el «Proceso de
beneficios por colaboración eficaz y sobre el sistema de protección de
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