El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Javier Ciurlizza / Eduardo González
Estas cuatro conclusiones resumen el enfoque contenido en cada
uno de los 47 expedientes remitidos por la CVR a la Fiscalía de la Nación
el 1 de septiembre de 2003, así como los 18 casos enviados a conocimiento
directo de la Sala Nacional de Terrorismo. 15
4. La interpretación del mandato respecto a la persecución
penal y la organización del trabajo de la CVR
De acuerdo con el artículo 2 de su mandato, entre otras cosas, la Comisión
debía «contribuir al esclarecimiento por los órganos jurisdiccionales
respectivos, cuando corresponda, de los crímenes y violaciones de los derechos
humanos por obra de las organizaciones terroristas o de algunos
agentes del Estado, procurando determinar el paradero y situación de las
víctimas, e identificando, en la medida de lo posible, las presuntas responsabilidades».
Al mismo tiempo, el mandato (artículo 3) dejaba claro
que, «La Comisión no tiene atribuciones jurisdiccionales, por tanto no
sustituye en sus funciones al Poder Judicial y al Ministerio Público».
Uno de los acontecimientos que abrió la puerta a la aplicación apropiada
del mandato fue la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos en el caso Barrios Altos, 16 dos meses antes de que la Comisión
se estableciera. Esta sentencia estableció que los decretos de
amnistía que impedían la investigación de violaciones graves de los derechos
humanos eran nulos y contravenían las obligaciones del Estado
como parte de la Convención Americana de Derechos Humanos (Pacto
de San José). Además, ante la solicitud del Estado peruano, la Corte
aclaró que su sentencia se aplicaba no solo al caso de la masacre de Barrios
Altos, sino a todos los casos. La existencia de la sentencia, y su homologación
por la Corte Suprema de Justicia, le dio mayor seguridad a la
CVR para cumplir fielmente con la exhortación plasmada en el preámbulo
del decreto que la creó, de crear «[…] las condiciones necesarias para
la reconciliación nacional fundada en la justicia […]».
Sin embargo, la CVR debía enfrentar el legado de dos décadas de
desigual actuación del órgano judicial durante la etapa bajo estudio. Había
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El proceso que condujo a la entrega de estos casos se explica en el siguiente apartado.
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IACHR, Sentencia (Chumbipuma Aguirre et al vs. Perú). 14 de marzo de 2001.
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