El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Derechos humanos, justicia y transición democrática: el balance institucional
datoria» de lo dispuesto en el artículo 44 de la Constitución peruana
(obligación de garantizar la plena vigencia de los derechos humanos); ha
señalado que el derecho internacional de los derechos humanos vela por
la protección de los derechos de las personas, «pero simultáneamente exige
la intervención del Derecho Penal contra aquellos que resulten responsables
de la infracción»; y ha reiterado la naturaleza de delito continuado
de la desaparición forzada de personas y su carácter «pluriofensivo».
5.4. Reformas
En el 2004, el TC emitió dos sentencias que declararon inconstitucional
gran parte del andamiaje normativo de la justicia militar y dispuso que,
en un plazo de doce meses, el Parlamento debía volver a legislar sobre la
materia, tomando en cuenta el derrotero trazado por el TC, que no es
otra cosa que disponer la adecuación de los tribunales militares a los principios
del Estado de derecho: respeto al equilibrio de poderes, a la independencia
judicial y a las garantías del debido proceso.
El TC por medio de sentencia de fecha 16 de marzo de 2004, relativa
a la ley 24150, delimitó el papel de las Fuerzas Armadas en los estados
de excepción, los principios de unidad y exclusividad jurisdiccional, y los
alcances de la justicia militar y el delito de función. 23
Así mismo, mediante sentencia de fecha 9 de agosto de 2004, relativa
a la ley Orgánica de la Justicia Militar y Código de Justicia Militar, señaló
que la justicia militar debe respetar los principios del Estado de derecho:
separación de poderes, independencia judicial y sujeción al orden
constitucional; la incompatibilidad de condición de juez con condición
de militar en actividad; la inconstitucionalidad de la designación de jueces
militares por el Poder Ejecutivo; el derecho de defensa de militares y
policías; y la inconstitucionalidad del Ministerio Público Militar. 24
El TC concedió al Congreso un plazo no mayor de 12 meses para
adecuar la legislación penal militar a la Constitución y a la resolución
emitida, explicitando que a su término y de forma automática los efectos
de la sentencia tendrán vigencia.
23
Expediente 0017-2003-AI/TC.
24
Expediente 0023-2003-AI/TC.
239