El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Eduardo Vega Luna
de la víctima (21 de octubre de 1990) y el 3 de julio de 1992, fecha en
que entró en vigencia ininterrumpida el delito de desaparición forzada de
personas en el Perú (artículo 320 del Código Penal). La omisión del delito
de desaparición forzada en la acusación penal, podría traer como consecuencia
una sentencia insuficiente respecto del cumplimiento de las obligaciones
internacionales que tiene el Estado peruano en este caso derivadas
de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos,
de 3 de noviembre de 1997 y 27 de noviembre de 1998, recaídas en el
presente caso.
3.3. Dificultades en la calificación penal de la tortura
En los casos de violaciones de los derechos humanos en el cuartel Los
Cabitos, y del homicidio de Indalecio Pomatanta Albarrán, los hechos
que implicaron una violación a la integridad física de las víctimas han
sido calificados como delitos de tortura, sobre la base del artículo 321 incorporado
al Código Penal en 1998.
Al respecto, el Segundo Juzgado Penal de Huamanga ha optado por
un criterio que flexibiliza el principio de legalidad cuando se trata de delitos
contra los derechos humanos. Mediante resolución de 21 de enero de
2005 que abrió instrucción en el caso de violaciones de los derechos humanos
en el cuartel Los Cabitos, ha señalado, lo siguiente:
[...] la tortura, si bien es cierto, no se encontraba legislada por la norma
sustantiva penal del código de 1924, sin embargo, la norma protegía
el derecho a la integridad personal tipificado como delitos de lesión,
pues, lo que tutelaba era el bien jurídico del derecho a la integridad
física, psíquica y moral, habiendo constituido estos actos como degradantes
a la persona, vulneratorios a la dignidad personal, por tanto no pueden
ser tipificados como simples lesiones o como meros delitos comunes;
sin embargo, al momento de la perpetración del ilícito penal se
encontraba vetada la tortura por la Convención Internacional de Derechos
Humanos [sic], la cual protegía la integridad física, psíquica y
moral de la persona y había la obligación del Estado de prohibirla en
sus normas internas [en tal sentido] el principio de legalidad resulta
flexible para los delitos de lesa humanidad pues no constituye válido
el argumentar qué delito al momento de los hechos no se encontraba
tipificado en la norma interna [...].
La tortura no se encontraba tipificada como tal en la legislación peruana
en la época en que se produjeron los hechos. De allí que se formula la
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