El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Presentación y aplicación de la ley penal
debe hacerse en relación con el pasado porque es preferible procurar la
reconciliación en el seno de la nación, y que esa reconciliación se logra
por medio de una política que olvide o sepulte el pasado y «mire hacia
delante». En América Latina conocemos bien este argumento, que se ha
usado para pretender justificar políticas de impunidad impuestas desde
arriba, como si la reconciliación se pudiera decretar desde el poder sin
exigir a nadie conductas que demuestren su arrepentimiento ni su voluntad
de reconciliarse con sus víctimas. Más aún, este argumento se basa en
una falsa disyuntiva entre la verdad y la justicia, por un lado, y la reconciliación,
por el otro, y falsamente atribuye a la búsqueda de justicia una
intención de venganza. De hecho, insistir en la justicia por los medios del
derecho es exactamente lo contrario de la venganza porque las instituciones
jurídicas se crean precisamente para expropiar la venganza privada.
Pero además es extraño un argumento de reconciliación que lo exige todo
de las víctimas, en el sentido de obligarlas a renunciar a la verdad y a la
justicia, y nada de los victimarios.
El argumento político en contra de la rendición de cuentas implica
una valoración de las formas y no de los contenidos de la democracia.
Implica pensar que basta con que haya elecciones periódicas y más o menos
libres y honestas, sin reparar para nada en la calidad cotidiana de la
democracia que habremos de vivir. Implica tratar de persuadir a los ciudadanos
de que deben elegir entre la democracia y la justicia, porque no
pueden tener ambas. Una democracia que se resigna a la continuidad de
los privilegios de la dictadura no tendrá muchas posibilidades de lograr la
adhesión de los ciudadanos y ciudadanas, especialmente de aquellos que
el sistema ha marginado históricamente y que por ello mismo fueron victimizados
durante la etapa dictatorial. Una democracia con exclusión social
y política es desde ya una democracia poco apetecible, aunque puede
ser democracia al fin y al cabo. Sin embargo, si se mantienen los privilegios
de aquellos que pueden torturar y matar con impunidad solo por vestir
uniforme, la democracia pierde un atributo esencial, que es el de la
igualdad ante la ley. La persistencia de la impunidad atenta contra el Estado
de derecho porque subvierte el funcionamiento efectivo de las instituciones.
La democracia lo es plenamente cuando funcionan los mecanismos
de rendición de cuentas horizontales (por medio de elecciones y por
el ejercicio de la libertad de expresión y de información) y verticales
(ejercidos por medio de los mecanismos de control y equilibrio de los po-
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