El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

La justicia penal y la verdad en la transición democrática
Muchos sistemas jurídicos, especialmente aquellos inspirados en el
derecho continental europeo, hacen depender la determinación de los
hechos que habilitan la reparación patrimonial civil al resultado del enjuiciamiento
penal —lo que en algunos sistemas es denominado doctrina de
la «prejudicialidad»—. Esto parece haber provocado en parte la escasa
eficacia de los mecanismos tradicionales de reparación judicial, en especial,
cuando se acude a ellos en escenarios marcados por la impunidad.
Sin embargo, aun dejando de lado el problema de la impunidad penal,
las propias características del derecho civil procesal y sustantivo también
complican, en ocasiones, la satisfacción de una adecuada reparación
a las víctimas de violaciones masivas de derechos humanos. Entre los
problemas procesales que suelen encontrarse podemos mencionar la ausencia
de reconocimiento a la legitimación activa colectiva, 61 los costos
del litigio y la falta de acceso a un servicio jurídico gratuito, la dificultad
de acreditar las circunstancias relevantes de acuerdo con los parámetros
ordinarios de valoración de la prueba, el rigor formal en la interpretación
de los institutos de la ley civil, o la aplicación de plazos de caducidad sin
descontar los períodos en los que la víctima se vio impedida de acceder a
la justicia debido a su especial situación de vulnerabilidad. Además, esto
da lugar a una gran disparidad e inconsistencia en las decisiones a las que
se arriba, lo que agrava la sensación de inequidad.
En el plano sustantivo, la estrechez de la responsabilidad pasiva, ya
sea por el modo en que se concibe el daño, la causalidad o los elementos
de la culpabilidad, a veces conspira también en contra del derecho de la
víctima a obtener una adecuada reparación.
Con muy pocas excepciones de acciones civiles exitosas, los programas
administrativos de reparación se han mostrado más idóneos, en la
medida en que han atendido algunos de esos problemas. Por lo general, lo
han conseguido flexibilizando los requerimientos procesales en cuanto a
formalidades, plazos para la interposición de los reclamos y estándares de
prueba exigidos y, en lo sustantivo, por medio del reconocimiento estatal
de algunas obligaciones como consecuencia del obrar de agentes del Estado
y de terceros.
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Es decir, la posibilidad de que varias personas puedan ser representadas por una sola de ellas, o
por un tercero, en un proceso. Cuando este tipo de mecanismo es adecuadamente reglamentado,
simplifica las tramitaciones y abarata los costos del litigio.
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