El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Luis E. Francia Sánchez
una persona pueda estar detenida sin sentencia, que en el caso de terrorismo
es 36 meses (artículo 137 del Código Procesal Penal). Según la defensa
de los acusados, ellos se encontraban detenidos hacía más de diez años,
en virtud a sentencias que fueron declaradas nulas, lo que originaba una
situación de detención sin condena que excedía ampliamente el plazo de
detención preventiva. No obstante ello, las resoluciones judiciales (incluida
la sentencia del Tribunal) y la legislación (Decreto Legislativo 926 y
artículo 137 del Código Procesal Penal) señalan que ante la nulidad de
los casos de terrorismo, el plazo de detención preventiva se computa desde
el momento que se decreta la nulidad del proceso. 46 Considerando ello,
en la mayoría de casos, de no existir sentencia antes de febrero de 2006,
las instancias judiciales se verían en la necesidad de conceder libertad
provisional a los acusados por terrorismo. Es evidente que ello serviría de
argumento para las críticas que se han formulado contra la Sala Penal
Nacional. 47
5.1. Los principales problemas y su solución
El reto que tenía la justicia penal peruana para juzgar a los acusados por
terrorismo no solo hacía referencia a la cantidad de procesos pendientes
de resolver, sino a que en virtud al tiempo transcurrido, el tipo de delito
cometido y las circunstancias como se desarrolló el primer proceso, se daban
algunas dificultades particulares, tales como:
– Acumular nuevo material probatorio suficiente.
46
Sobre la valoración de la duración de la privación de la libertad cfr. CORTE INTERAMERICANA DE DE-
RECHOS HUMANOS. Caso García Asto y Ramírez Rojas. Sentencia del 25 de noviembre de 2005. Serie
C. N. o 37. La Corte determinó que al haber sufrido más de catorce años de privación de la libertad
física sin sentencia, mientras se proseguía con el segundo juicio (luego de haberse anulado el primer
proceso por seguirse bajo una legislación declarada inconstitucional) se había violado el derecho a la
libertad del señor Ramírez Rojas. La Corte no desconoció la posibilidad de la administración de justicia
de establecer un nuevo cómputo de la detención luego de declarado nulo el primer proceso,
pero requirió que, para ello, exista una adecuada fundamentación de la resolución judicial. Así lo señala
el párrafo 143 de la sentencia al indicar que el juzgado «[...] a más de 14 años de dictada dicha
medida cautelar, no presentó motivación suficiente para mantener la detención [...]». Si bien el Estado
había señalado que la demora en los procesos se debía a las más de dos mil causas que habían
sido anuladas como consecuencia de la sentencia del Tribunal Constitucional, la Corte señaló que
este hecho no liberaba al Estado de sus obligaciones legales para justificar una mora de tal magnitud,
por lo que el Estado violaba el debido proceso garantizado por la Convención Americana por no juzgar
dentro de un plazo razonable a la víctima, dejando al juez nacional resolver esta situación.
47
Críticas que se analizan en el apartado 6.4 del presente texto.
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