El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Luis E. Francia Sánchez
ral (hasta 120 días prorrogables), debiendo ser fundamentada debidamente.
En dicho contexto la Comisión de Justicia del Congreso de la República
elaboró un predictamen de un texto único ordenado de la legislación
antiterrorista que se hallaba pendiente de debate y aprobación al
dictarse la sentencia del Tribunal Constitucional (el Tribunal) ante una
demanda de inconstitucionalidad presentada por un conjunto de ciudadanos.
En este período resaltó el nuevo juzgamiento de la ciudadana norteamericana
Lori Berenson, luego de que la justicia militar anulara el proceso
que la condenó a cadena perpetua y derivó el caso a la justicia ordinaria.
11 Luego de su juzgamiento por la Sala Nacional de Terrorismo, el
20 de junio de 2001, Lori Berenson fue sentenciada por delito de terrorismo
(en su forma de colaboración con el terrorismo) a veinte años de
pena privativa de libertad, siendo la sentencia confirmada por la Corte
Suprema (13 de febrero de 2002).
El desarrollo de este nuevo proceso fue observado con sumo interés
por ser considerado como un caso paradigmático respecto a la forma
como deberían de desarrollarse los nuevos procesos por terrorismo, ya que
si bien aún no se dictaba la sentencia del Tribunal Constitucional, existía
la percepción de que los vicios eran de tal magnitud que el Estado peruano
en algún momento debería iniciar un nuevo proceso de juzgamiento.
2. La sentencia del Tribunal Constitucional
El 15 de julio de 2002 más de 5.000 ciudadanos presentaron una demanda
de inconstitucionalidad contra la legislación antiterrorista ante el Tribunal
Constitucional, 12 que fue admitida el 17 de julio. 13 El 3 de enero
11
A inicios de 1996, Berenson fue inicialmente condenada a cadena perpetua por delito de traición
a la patria por la justicia militar. No obstante, en el 2000 el Tribunal Supremo Militar anuló el proceso
al evaluar nuevos elementos probatorios que indicaban que Lori Berenson no era una dirigente
del MRTA.
12
Específicamente los decretos leyes 25475, 25659, 25880, 25708 y 25744.
13
En virtud a la ampliación del plazo para interponer la acción de inconstitucionalidad a seis años,
dispuesta por la ley 27780, según la cual debía contarse «a partir de la fecha de constitución del Tribunal
Constitucional; esto es desde el 24 de junio de 1996, y sin computar el lapso en que asumie-
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