El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Gloria Cano / Karim Ninaquispe
trabajo de las Naciones Unidas con el fin de que intervinieran en la dramática
situación que se vivía en Ayacucho. Además, se presentaron más
de 200 peticiones ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), que involucraban a más de medio millar de víctimas del
conflicto armado en las dos primeras décadas. La documentación de estos
casos favoreció posteriormente el trabajo que realizaría la CVR, pues toda
esta información constituyó una importante base de información que
sistematizaría la Comisión.
Sin embargo, grandes sectores sociales de origen urbano —principalmente
de Lima— permanecieron indiferentes y no alzaron su voz de protesta
durante la primera década del conflicto armado interno. La principal
explicación es el centralismo y exclusión que ha caracterizado a nuestro
país desde inicios de la República. Por ello, el mayor número de víctimas
que dejó el conflicto fueron campesinos. La situación quizá habría sido
distinta si la sociedad limeña hubiera comprendido la magnitud del conflicto
y de las violaciones de derechos humanos en sus primeros años, y
no en la década de los noventa cuando el conflicto se trasladó a la capital
y se empezaron a hacer visibles las graves infracciones a estos derechos
por parte de los grupos subversivos y las fuerzas del orden.
A partir de los años noventa, el movimiento en pro de los derechos
humanos no solo abanderó la lucha contra la impunidad sino que, además,
defendió la vigencia del Estado de derecho que había sido roto con
el autogolpe del 5 de abril de 1992. Los organismos desplegaron una sonante
campaña de opinión así como acciones legales en torno a los miles
de presos inocentes que poblaron nuestras cárceles durante más de una
década.
Con ello, la lucha contra la subversión no solo cambió de escenario,
sino también de estrategia por parte del nuevo Gobierno. En la década de
los ochenta la represión fue indiscriminada, y la mayoría de víctimas fueron
quechuahablantes. 8 El Informe Final de la CVR señala que de cada
cuatro víctimas, tres fueron campesinos o campesinas cuya lengua materde
1983) al gobernante de entonces para que tomara las acciones y medidas correspondientes con el
fin de poner coto a la represión indiscriminada que venían perpetrando las Fuerzas Armadas y
Policiales en la llamada lucha contra la subversión.
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Se denomina quechuahablantes a las personas que tienen como lengua materna el idioma
quechua. La mayoría de estas personas viven en los Andes y tienen como principal actividad la agricultura
y ganadería.
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