El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Derechos humanos, justicia y transición democrática: el balance institucional
marco de las contadas causas penales abiertas por delitos de lesa humanidad;
la poca colaboración castrense a la petición judicial de entrega de
información vital para la averiguación de la verdad y el establecimiento
de responsabilidades; y la idea del CSJM de habilitar las instalaciones del
cuartel Tarapacá para albergar a los procesados por crímenes de lesa humanidad,
bajo el discutible argumento de que solo una instalación castrense
garantiza a los militares presos la necesaria «seguridad personal»
(cárcel VIP).
7.2. Oposición a la reforma de la justicia militar
En el 2004, el TC dictó dos sentencias que pusieron en evidencia diversas
inconstitucionalidades existentes en el Código de Justicia Militar y la
ley Orgánica de la Justicia Militar, por lo que concedió al Congreso un
plazo de doce meses para adecuar la legislación penal militar a la Constitución
y a la resolución emitida, explicitando que a su término y de forma
automática los efectos de la sentencia tendrán vigencia.
Por supuesto, el CSJM hizo pública su disconformidad con el contenido
y los alcances de la decisión de la Corte, señalando que los civiles
no comprenden la importancia de sus funciones y que el planteamiento
de modificaciones a su estructura y competencia atentaría contra la defensa
nacional. Inmediatamente después, inició una estrategia política y
mediática orientada a encontrar fórmulas que les permitan «saltar» la valla
constitucional impuesta por la Corte, y permitir que algo cambie en la
justicia castrense para que el estado de cosas siga igual. El CSJM buscó
aliados en el Congreso y, finalmente, logró la aprobación de la ley 28665,
de organización, funciones y competencia de la jurisdicción especializada
en materia penal militar policial.
La ley no define a la actual justicia castrense como una competencia
especializada del Poder Judicial, sino que la mantiene como una jurisdicción
independiente. En ese entendido, no plantea una real y sólida integración
de la «justicia militar» al Poder Judicial, creando tan solo una
Sala Suprema Penal Militar Policial que, de manera forzada, incrusta en
la Corte Suprema, aunque cuidándose de regular una composición mixta
y, sobre todo, una mayoría castrense en ella. Además, el presidente de la
Sala —de procedencia militar— es el titular y conductor del Pliego Presupuestal
de la «jurisdicción especializada en materia penal militar poli-
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