El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

La justicia penal y la verdad en la transición democrática
4. Los aportes de la justicia penal en la transición
Este breve panorama de la discusión sobre la justicia de transición demuestra,
por un lado, la permanente vigencia de debates clásicos sobre el
deber de perseguir los crímenes, como el de Carlos Nino y Diane Orentlicher
respecto del caso argentino, 65 o las profundas discusiones en torno
al caso de Sudáfrica. Lo que queda claro es que los fines de la pena y de
la persecución penal deben armonizarse con los fines de la transición y
que esta no es una tarea mecánica que pueda hacerse en ausencia de una
adecuada consideración del contexto de aplicación.
No puede esperarse todo de la justicia penal, pero la importancia de
perseguir seriamente los crímenes está consolidada como una necesidad
de las sociedades en transición. Los desafíos que esto deber implicar, especialmente
mientras las reformas de las instituciones de la justicia no estén
en la agenda o sigan sin consolidarse, son considerables. Por un lado,
en los primeros años de la transición, como el caso de Malan nos ilustra,
los remanentes del antiguo régimen pueden desviar la efectividad de los
procesos, aun con toda la información que haya revelado una comisión
de la verdad. Por otro, con el paso de los años, se vuelve más difícil establecer
los elementos de prueba y superar la tendencia de algunos sectores
de querer cerrar el capítulo del pasado definitivamente. En este sentido,
vemos nuevas iniciativas para amnistiar a los perpetradores de graves violaciones
de los derechos humanos, o la simple inactividad del aparato fiscal
en cuanto a estos casos.
Entre la dimensión de criminalidad que revela una comisión de la
verdad, y el alcance de la acción penal en la práctica, hay una brecha que
pocas veces se logra cerrar. La aplicación de políticas de descalificación, el
uso de la información de una comisión de la verdad para incidir sobre decisiones
de ascensos, y procesos de reconciliación comunitaria, son algunas
de las vías posibles para atender esta «brecha de la impunidad». Pero
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ORENTLICHER, Diane F. «Settling Accounts: The Duty to Prosecute Human Rights Violations of a
Prior Regime». En Yale Law Journal, vol. 100, 1991, pp. 2548-9. NINO, Carlos S. «The Duty to Punish
Past Abuses of Human Rights Put into Context» En Yale Law Journal, vol. 100, junio, 1991, pp.
2537-2615 y ORENTLICHER, Diane F. «A Reply to Professor Nino», Yale Law Journal, vol. 100, N. o 8,
junio, 1991, pp. 2641-2643. También NINO, Carlos S. Juicio al mal absoluto. Los fundamentos y la historia
del juicio a las Juntas del Proceso. Buenos Aires: Emecé, 1997 y ORENTLICHER, Diane. «Estudio independiente
sobre mejores prácticas, incluyendo recomendaciones, para asistir a los Estados en el fortalecimiento
de las capacidades internas para combatir todos los aspectos de la impunidad», cit.
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