El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Luis E. Francia Sánchez
h) del decreto ley 25475, y la incomunicación del detenido por orden
policial (artículo 12 inciso d) del decreto ley 25475).
– El criterio de interpretación respecto a la disposición según la cual el
juez debía dictar mandato de detención al iniciar el proceso (artículo
13 inciso a del decreto ley 25475, estableciendo que debía entenderse
conforme al artículo 135 del Código Procesal Penal, por lo que ese
mandato no tenía que emitirse de manera mecánica u obligatoria,
sino que se debería evaluar la existencia de los requisitos exigidos
para que procediera dicha medida cautelar.
– Estimó como medida irrazonable y desproporcionada, trato cruel e
inhumano, al cumplimiento de la pena con aislamiento celular continuo
durante el primer año de detención y prohibición de compartir
celdas (el artículo 20 del decreto ley 25475), por infringir el artículo
2 inciso 1 de la Constitución y el artículo 5 incisos 1, 2 y 6 de la
Convención Americana. El mismo criterio adoptó respecto a la exigencia
de mantener al recluso en celdas unipersonales durante su período
de confinamiento.
La sentencia del Tribunal fue un avance en el proceso de adecuación de
la legislación antiterrorista a la Constitución y a la Convención Americana,
ya que al ser vinculante estableció obligaciones para las instancias estatales:
al Congreso, modificar la legislación; y al Poder Judicial, adecuar
su interpretación de la norma sobre delito de terrorismo.
Así mismo, la sentencia claramente señalaba que «[...] no genera derechos
de excarcelación para los procesados y condenados por la aplicación
de las normas declaradas inconstitucionales [...]». Con ello, el Tribunal
buscó equilibrar la situación que podía presentarse por la declaración
de nulidad de los procesos y la solicitud de inmediata libertad que los internos
presentarían, lo que habría originado una situación inmanejable.
En cuanto al mandato establecido para el Poder Judicial, luego del fin del
régimen fujimorista y antes de la sentencia del Tribunal, la labor del Poder
Judicial buscó adecuar los procesos penales de terrorismo a los citados
estándares, como en el citado caso Lori Berenson. 16
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Pero en este proceso sí se consideraron los criterios establecidos por la Comisión y la Corte Interamericana
sobre la legislación antiterrorista.
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