El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Gloria Cano / Karim Ninaquispe
coraza de la impunidad y minimizar el impacto del Informe Final que
iba a constituirse en una herramienta histórica para poner al descubierto
el papel que jugaron los diversos actores sociales durante el
conflicto armado interno.
Culminado su trabajo, la CVR hizo público su Informe Final el 28 de
agosto de 2003 dentro de un clima político poco favorable, ya que el nuevo
gobierno de Alejandro Toledo afrontaba denuncias por corrupción y se
realizaban continuas protestas por demandas sociales en distintos puntos
del país, lo cual ponía en peligro la institucionalidad democrática. No
obstante, este informe fue recibido con gran expectativa por parte de los
afectados. En el acto público de entrega del Informe Final, el presidente
Alejandro Toledo reconoció la labor de la CVR y se comprometió a asumir
sus recomendaciones, así como velar por las reparaciones a las víctimas
y el fortalecimiento de los derechos humanos mediante las instituciones
democráticas.
La esperanza de conocer la verdad y obtener justicia fue una constante
durante el proceso de transición. Los organismos en pro de los derechos
humanos y los afectados por la violencia política vieron en la creación
de la CVR una puerta que los llevaría a iniciar el camino de verdad
y justicia que por más de veinte años se les había cerrado. Esta expectativa
se debía no solo a que la CVR explicaría el fenómeno del conflicto armado
interno, sino que además tenía como mandato contribuir con la administración
de justicia respecto al esclarecimiento de violaciones de derechos
humanos perpetradas tanto por organizaciones subversivas como
por agentes estatales, identificando responsabilidades y el paradero de las
víctimas. Ello generó un clima de expectativas muy altas por parte de miles
de familiares y afectados por la violencia, quienes soportaban una dilatada
incertidumbre respecto a sus casos. Tales ilusiones repercutieron en
las organizaciones en pro de los derechos humanos que se vieron desbordadas
frente a las demandas de verdad y justicia luego de la entrega del
Informe Final.
Lamentablemente, estas demandas se confundieron en el proceso de
transición. La mayoría de los afectados por la violencia no comprendió la
naturaleza de la CVR y más bien la confundió con un tribunal jurisdiccional
en el que iban a encontrar justicia, entendida como sanción penal.
Esta confusión se debió, en cierta medida, a que no hubo una clara política
del Estado de difusión del papel que desempeñaba la CVR y, ade-
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