El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

El papel de la sociedad civil en la demanda y promoción de justicia
na no era el castellano; se desprende así de este dato un clarísimo indicador
de cuál fue el sector más vulnerado por el conflicto armado.
En esta nueva etapa, las desapariciones, ejecuciones y torturas se hacen
selectivas, se institucionaliza la represión mediante la administración
de justicia, se instauran procesos judiciales con jueces sin rostro, se inician
los procesos en el fuero militar, se endurecen las penas para los delitos
de terrorismo y nos apartamos de las garantías constitucionales —que
pasaron a ser meras declaraciones—, mientras que «[...] sectores importantes
de todos los estratos sociales se mostraron dispuestos a trocar democracia
por seguridad y a tolerar las violaciones a los derechos humanos
como el costo necesario para terminar con la subversión». 9
Si bien es cierto que durante su primer gobierno Alberto Fujimori logró
la simpatía popular debido a una cierta estabilidad económica y la
captura de los principales cabecillas subversivos, el precio que tuvo que
pagar la sociedad en su conjunto fue muy alto. El movimiento en pro de
los derechos humanos no solo hizo frente a la impunidad y a la dictadura
impuesta por el Gobierno, sino además a la indiferencia y falta de comprensión
de vastos sectores sociales frente al nuevo contexto que se avizoraba:
10 la consolidación de la impunidad con la promulgación de las leyes
de Amnistía en 1995 que favorecían abiertamente al denominado
grupo paramilitar Colina, identificado como responsable de las matanzas
de Barrios Altos y La Cantuta.
La puesta en práctica de las leyes de Amnistía significó un nuevo
reto para el movimiento en pro de los derechos humanos. Estas obstaculizaron
las demandas de verdad y justicia iniciadas por miles de familiares
de víctimas de la violencia política desde los años ochenta. Frente a ello,
las organizaciones en pro de los derechos humanos —consolidadas en una
Coordinadora Nacional—, recurrieron al sistema interamericano de derechos
humanos una vez más y así, en el año 2001, tras la caída de Alberto
Fujimori, la Corte Interamericana señaló que las «leyes de Amnistía»
26479 y 26492 carecían de efectos jurídicos por ser contrarias a la Con-
9
COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN. Informe Final, t. VIII, conclusión 99, p. 371.
10
Luego del autogolpe de Estado del 5 de abril de 1992, el gobierno implementó una serie de medidas
que mellaron la capacidad de respuesta de las principales organizaciones sociales. Dichas medidas
consistieron en despidos arbitrarios, intervención en las universidades, hostigamientos a los principales
líderes de opinión pública, etc.
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