El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Gloria Cano / Karim Ninaquispe
proceda. Si el caso continuara hacia la Corte Interamericana, la víctima
tiene la posibilidad de contar con representación independiente de
la Comisión, ofrecer testimonios, solicitar peritajes y hacer alegatos.
La figura del querellante adhesivo —o conjunto o acusador particular—
debería incorporarse en calidad de parte a un proceso penal en el
que se investigue un delito de acción pública. Esta figura permitiría que
los familiares de las víctimas sostuvieran la acusación conjuntamente con
la Fiscalía.
En la legislación argentina se ha previsto la figura del querellante particular
como parte eventual en un proceso de carácter penal. 30 Aunque no
existe la facultad acusatoria autónoma, sí se le otorga a la parte querellante
amplias facultades para apoyar la labor del Ministerio Público, interviniendo
en el proceso oral. Además, se le otorga facultades como generar incidentes
y apelar a ciertas resoluciones. Así mismo, puede provocar la intervención
de la Cámara de Apelaciones cuando el fiscal no formule acusación, a efectos
de controlar de esa manera dicha decisión fiscal. Cabe mencionar que
precisamente en su calidad de querellante el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) presentó en el caso Simón 31 la solicitud de nulidad de las
leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
En Guatemala, la ley faculta a la víctima a impulsar la persecución
penal, y en caso de que el Ministerio Público la haya instado, adherir a la
acusación. En esta legislación el fiscal se encarga de la investigación del
hecho denunciado, pero las partes autorizadas a intervenir en el procedimiento
tienen acceso a la documentación obtenida. La ley faculta al querellante
a asistir a las diligencias que se practiquen y a proponer medios
de investigación. En caso de haber posición contraria del Ministerio Público
con el criterio del querellante, este puede acudir al juez, quien debe
dictaminar sobre la procedencia de la petición. La posición activa del
querellante ha sido decisiva en Guatemala y sin su participación muchos
30
Cfr. Código Procesal Penal (1992), artículo 82, en: Comisión Especial de Alto Nivel para la Modificación
del Código Procesal Penal, .
31
Corte Suprema de Justicia de la Nación (Argentina); recurso de hecho deducido por la defensa de
Julio Héctor Simón en la causa Simón, Julio Héctor y otros s/privación ilegítima de la libertad, etc.
—causa 17768—, S. 1767. XXXVIII (14/6/2005). Se trata del proceso seguido contra Carlos
Guillermo Suárez Mason, José Montes, Andrés Aníbal Ferrero, Bernardo José Menéndez, y otros por
el delito de desaparición forzada en agravio de José Liborio Poblete Roa y Gertrudis Marta Hlaczik,
detenidos el 28 de noviembre de 1978, alojados ilegalmente en el centro clandestino de detención
denominado El Olimpo, que se encuentran en calidad de desaparecidos.
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