El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Eduardo Vega Luna
Sin embargo, el 14 de julio de 2005, en atención a los pedidos del
Ministerio Público y de la Defensoría del Pueblo, la Sala Mixta de la Corte
Superior de Huancavelica dispuso declarar nula la resolución que otorgó
la amnistía y desarchivar el caso volviendo al estado procesal en el que
se encontraba. Es decir, pendiente de inicio de juicio oral. La denuncia
formulada por la Fiscalía Mixta de Huancavelica contra Javier Bendezú
Vargas 23 y otros en agravio de Francisco Hilario Torres y otros señaló que:
[...] los aludidos denunciados secuestraron a 15 personas entre niños y
ancianos; [de las investigaciones] se presume que hay indicios de que
las 15 personas secuestradas han sido victimadas y sus cuerpos inertes
han sido explosionados como consecuencia de ello esparcidos sus restos,
con el empleo de dinamita por los miembros del Ejército Peruano
razón por la cual se materializa sin lugar a dudas el delito contra la
vida, el cuerpo y la salud —genocidio, ya que se ha exterminado parte
de la raza étnica (como son los aborígenes de la Comunidad Campesina
de Santa Bárbara) […]
La calificación de genocidio empleada en este caso plantea dos cuestiones.
Una primera vinculada con el bien jurídico que protege este delito
—la existencia de determinados grupos humanos considerados estables— 24
y la posibilidad de probar la intención de destruir, en todo o en parte, un
grupo nacional, étnico social o religioso. 25 Como señala la Corte Constitucional
de Colombia en el delito de genocidio, «no es tan solo la vida o
la integridad física —lo que se protege— sino el derecho a la existencia
misma de los grupos humanos». 26
Para la CVR el caso debe tipificarse como homicidio calificado, previsto
en el artículo 108 del Código Penal de 1991, concurriendo las circunstancias
agravantes de ocultamiento de un delito (artículo 108 inciso
2 CP 91), con gran crueldad y alevosía (artículo 108 inciso 3 CP 91),
pues los miembros del Ejército mataron a las víctimas para ocultar el robo
de centenares de cabezas de ganado, los daños que ocasionaron a sus vi-
23
En su declaración en sede militar, Bendezú dijo que no ordenó matar a los comuneros en el modo
y circunstancias narradas por sus coinculpados y los testigos, sosteniendo que fueron los propios detenidos
quienes se suicidaron masivamente y en un solo acto, arrojándose a un barranco muy profundo
mientras caminaban en el trayecto hacia la base militar de Lircay. Su declaración corre de Fjs
43 a 45 del expediente 2118-91 del fuero militar.
24
GIL Y GIL, Alicia. «¿Qué es el genocidio» En: El genocidio y otros crímenes internacionales. Rev. Colección
Interciencias, 1999, pp. 139-163. Valencia.
25
Artículo 319 del Código Penal de 1991.
26
Corte Constitucional de Colombia. Expediente D-3176, sentencia del 28 de marzo de 2001.
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