El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Ronald Gamarra
tificación de los miembros y el esclarecimiento del modus operandi del
grupo Colina, organización criminal creada por ellos prevaliéndose de las
funciones públicas que desempeñaban; así como concentraron sus esfuerzos
en la extradición de Alberto Fujimori Fujimori y en la verificación de
los procesos de acogimiento a los beneficios de la colaboración eficaz.
Las indagaciones de fiscales y jueces especiales, y de la propia Procuraduría,
permitieron conocer más profundamente los antecedentes (el
grupo Escorpio, que actuó en la selva y sierra hacia finales de los noventa,
bajo la dirección de Santiago Martin Rivas), la estructura de la organización
paramilitar Colina (coordinador, jefe de operaciones, jefe administrativo,
jefes de grupo), los procedimientos empleados (acopio de
información, definición de objetivo, elaboración de planes, aprobación),
los recursos con los que contó (armamentos, vehículos, teléfonos y dinero,
proporcionados por el departamento de logística del Servicio de Inteligencia
del Ejército a instancias de la jefatura de la Dirección de Inteligencia
del Ejército), la relación de sus integrantes, sus órganos de fachada
(la empresa COMPRANSA) y la extensión de la violación de derechos humanos
por ellos perpetrados (las matanzas de Barrios Altos, La Cantuta,
Pedro Yauri, los campesinos de El Santa, entre otros). Se corroboró, además,
que tales violaciones ocurridas en la década pasada fueron crímenes
planificados, organizados y sistemáticos que desde los ámbitos de competencia
del Ejecutivo se realizaron como parte de una política de terror.
Ello permitió, por ejemplo, la reapertura judicial de la matanza ocurrida
en Barrios Altos (noviembre de 1991) y, consecuentemente, el procesamiento
criminal de 19 miembros de las Fuerzas Armadas (los generales
Hermoza Ríos, Salazar Monroe y Rivero Lazo, entre ellos) y un civil
(Vladimiro Montesinos) por su mera pertenencia al grupo Colina y también
por su participación en estos hechos, así como el libramiento de
mandatos de detención inmediata o arresto domiciliario en contra de
muchos de ellos; posteriormente, el inicio de procesos penales por los hechos
de La Cantuta, Pedro Yauri y El Santa, con lo que el número de encausados
superó los 40; para, finalmente, proceder a la acumulación de
todos los procesos en un solo caso. 11
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Resolución de la Sala Penal Especializada «A», de fecha 28 de diciembre de 2004, que concentró
las causas en el expediente 032-2001 en curso por la matanza de Barrios Altos.
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