El legado de la verdad: La justicia penal en la transición peruana

Eduardo Vega Luna
Sin embargo, como bien ha detallado la Defensoría del Pueblo 8 se
observa un conjunto de dificultades y carencias en la configuración del
subsistema de justicia que es necesario superar para constituir realmente
un sistema eficaz de investigación y juzgamiento. Las dificultades más notorias
son las siguientes:
– Falta de especialización de los magistrados designados en estos cargos
y de una capacitación permanente.
– Excesiva centralización de los juzgados especializados en la ciudad de
Lima, cuando una parte importante de los casos han ocurrido en el
interior del país. Esta situación puede afectar seriamente el derecho a
la tutela judicial efectiva de procesados y víctimas.
– La mayoría de magistrados designados no tiene dedicación exclusiva
a los casos de derechos humanos, pues comparten su labor jurisdiccional
con la atención de otros casos por otros tipos de delitos.
– 18 casos de los 47 investigados por la CVR se encuentran a cargo de
jueces y fiscales comunes. Es decir, sin que se encuentren dentro del
sistema especializado.
– Falta de correspondencia entre juzgados y fiscalías, pues no ha habido
coordinación entre el Poder Judicial y el Ministerio Público al
momento de designar las instancias especializadas. El caso del traslado
de casos de Ayacucho (Cayara) a un juzgado penal de Lima,
ejemplifica esta situación.
En suma, se requiere una revisión general de lo avanzado en la conformación
del sistema especializado de derechos humanos a efectos de
dictar los correctivos necesarios. Especialmente importante es que el sistema
tenga como características sustantivas la descentralización de sus
instancias, sobretodo en aquellos lugares que sufrieron más la violencia, la
capacitación permanente y la dedicación exclusiva de los magistrados, así
como la coordinación adecuada y el suficiente apoyo logístico a la tarea
jurisdiccional. Por lo pronto se requieren juzgados especializados en los
departamentos de Junín, Huánuco, Apurímac y Huancavelica.
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El Informe Defensorial N. o 97, A dos años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, dedica el primer
capítulo a realizar un minucioso análisis de las instancias designadas.
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