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Libertad para elegir:Cultura • Comunicación • Desarrollo Humano SustentableEn este sentido, vale la pena mencionar que en los años ochenta la Ley General de Planeación, obligóa hacer planes intersectoriales que también alcanzaron a los de cultura y comunicación. Este últimodependería de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, hecho que lo hace relevante porque porrelacionarse sólo a esta Secretaría, su contenido se concentra en la parte de infraestructura, no en lade contenidos, que hubiera tenido que profundizar en su función social. A esto se debe, en gran parteque no se pueda hablar de una sola política que pueda integrarlo todo. Es decir, este hecho explica porqué la Ley Federal de Radio y Televisión se relaciona con distintas Secretarías de Estado, por qué tenemosotra ley específica para el área de las Telecomunicaciones, que no está contenida en la primera, ypor qué se instituyó la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) como un órgano desconcentrado.Aunque lo ideal en este último punto, sería que se creara un órgano autónomo de participaciónciudadana, que pudiera integrar las funciones del sector que, como hemos expuesto, están separadas.Por todo ello, lo que ha caracterizado a las políticas de comunicación en nuestro país, ha sido su inconsistencia,puesto que se han dirigido a resolver situaciones inmediatas y no problemas estructurales queles permitan tener una continuidad y plantearse metas de desarrollo social a largo plazo. Sin embargo,una política general sobre una materia específica ofrece un tipo de política sobre la cual se erige un reclamode legitimidad, por eso las políticas –o la plataforma que deviene de algunas de ellas– constituyenla divisa básica del intercambio democrático.En la actualidad, nuestra democracia, aún en proceso de conformación, se debate entre la tendencia liberalque soslaya la participación gubernamental en el diseño de políticas sectoriales buscando sólo su arbitrajeen los mercados que les corresponden, y la normativa, que busca otros canales de participacióngarantizados por el Estado con el objetivo de asegurar el desarrollo del bienestar social en todos losámbitos: económico, político, sociocultural y tecnológico (Gómez: 2008.)Con respecto al tema que nos ocupa, hay que tomar en cuenta que, por sus características, la radiodifusiónes un sector lucrativo y no lucrativo que debe ser medido por criterios de bienestar social, y por lo tanto,requiere de políticas públicas que respondan a esa legítima demanda ciudadana que, en numerosasocasiones, ha llevado a sus representantes en las Cámaras para su análisis y discusión. Sin embargo,nuestro país aun carece de instrumentos más democráticos que permitan hacer que este derechociudadano pueda ser concretado.192