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La Cultura y la Libertad para elegiractividades sociales que le incumben como productor, consumidor o ciudadano” (Arizpe, 2004, p. 59) 4 estabase considera al ser humano como una persona digna, libre, capaz de crecimiento y creatividad, estereconocimiento del ser humano es también la base del pluralismo cultural.Durante los últimos siglos, se gestaron condiciones culturales en el proceso de integración para darcabida a las exigencias mediante un control vertical que incorporara las exigencias irreductibles de losnuevos mestizos y de las comunidades indígenas. Se creó un complejo sociocultural constituido pornumerosos mestizajes de decenas de culturas indígenas vivas, cada una de las culturas de esas redesmestizas e indígenas les ha dotado de un horizonte de comprensión de la vida y del devenir. En estesentido, el papel del Poder Legislativo fue preponderante en la construcción de un marco jurídico quesentara las bases de la política cultural que seguía reconfigurándose.1. La configuración de un marco jurídicoEl Estado mexicano, a través del poder legislativo, cuenta con un gran número de antecedentes históricosque asientan la importancia, la apreciación y el interés que el patrimonio cultural ha significado,para muchos actores y representantes del mismo. La cultura históricamente en nuestro país, significóla cristalización de todo un proyecto de Nación. Así, podemos observar que desde 1897, con motivode las circunstancias o por causas que las empujaron, el poder legislativo, fue configurando un marcojurídico, lo que a su vez, consolidó la participación del Estado, concibiéndolo como un actor esencial enel proceso. Estos acontecimientos, fueron corolario y núcleo de la estructura legislativa tal y como esconocida actualmente. La imperiosa necesidad, en un inicio, fue proteger el patrimonio, los monumentosy las zonas arqueológicas del país, debido al saqueo que se estaba llevando a cabo en ese entonces. Estetipo de actividades no necesariamente estuvieron al margen del conocimiento y permisividad por parte delgobierno mexicano, lo cual desato un gran debate y polémica dentro del poder legislativo, en esa época. 54 Lourdes Arizpe. Cultura o voluntad política: para construir el pluralismo en México. Antología sobre cultura popular e indígena I. México, Conaculta, 2004.5 La Secretaria de Justicia e Instrucción Publica había enviado, el 25 de septiembre de 1880, a la Cámara de Diputados, un proyecto para autorizara Dèsirè Charnay (explorador y fotógrafo francés) a exportar los objetos arqueológicos que pudiera adquirir o adquiriera en un futuro. Éste fue eltema entorno al cual se dio el debate, lo que daría origen posteriormente a la Ley Federal sobre Monumentos Arqueológicos de 1897. La discusión,se encamino, principalmente, a argumentar que el poder ejecutivo no tenia facultades para firmar ningún contrato que permitiera la exportaciónde los monumentos arqueológicos, cimentándolo en un andamiaje técnico-jurídico que lo respaldara. Manifestando la importancia que representabanaquellos bienes para el país. Entre los argumentos medulares, se mencionaron: la Ley Aduanera de 1827, que en su artículo 41 prohibía laexportación de las antigüedades mexicanas, la circular de 28 de octubre de 1835, expedida por la Secretaria de Relaciones Exteriores (circular enviadapor el cónsul mexicano en Burdeos, denunciando que una embarcación francesa procedente de Veracruz transportaba antigüedadesmexicanas). Por lo que el presidente de la republica dispuso que la Secretaria de Hacienda hiciera las provisiones necesarias a las aduanas y susresguardos para que, con una mayor vigilancia, se procurara el cabal cumplimiento de aquella Ley de 1827, así como la Ley sobre Ocupación y Enajenaciónde Terrenos Baldíos, expedida por el presidente Porfirio Díaz el 26 de de marzo de 1893. La que prohibía enajenar aquellos terrenos enque se hallaren monumentos arqueológicos. La aportación de muchos actores políticos fue imprescindible en la discusión legislativa, entre los quese destacan los diputados: Ignacio Manuel Altamirano, Antonio Carvajal, Alfredo Chavero, Juan Antonio Mateos, Guillermo Prieto, Vicente RivaPalacio, y Justo Sierra. Véase. Bolfy Cottom. Nación, patrimonio cultural y legislación: los debates parlamentarios y la construcción del marco jurídicofederal sobre monumentos en México, siglo XX. Ed. Porrúa, México, 2008. pp.105-179.91