PRESENTACIÓN 1

106 INCURSIONES QUEER EN LA ESFERA PÚBLICA
obispos escribieron en una carta pastoral en 1890, reconociendo que
la secularización podía en realidad dar a la iglesia una autonomía
sin precedentes, “la separación no significa hostilidad o no reconocimiento,
simplemente independencia” (M. M. Alves 1979: 33).
Y esta predicción de una mayor autonomía por los obispos no
estaba del todo equivocada. La inscripción de la iglesia en la esfera
privada socavó los términos de su subordinación al Estado, a la
vez que permitió un mayor acercamiento con Roma. El número de
diócesis en el país, por ejemplo, creció de apenas 12 en 1891, a
30 en 1910 y 58 en 1920 (Bruneau 1981). Por lo tanto, se convirtió
en una iglesia mucho más influyente —gracias, paradójicamente, al
fortalecimiento del laicismo— que renegoció su participación en la
vida pública durante el régimen populista conservador de Getulio
Vargas (1930-45). Como señala el historiador Márcio Moreira Alves
(1979), la referencia en el preámbulo a la Constitución de 1934 que
la enmarca “bajo la protección de Dios”, en cierto sentido marcó
el final de la influencia positivista en la materia. Entre las medidas
también incorporadas en ese documento destacaban el reconocimiento
civil del matrimonio religioso, la autorización para ofrecer
asesoría espiritual a los miembros de las fuerzas militares e instrucción
religiosa en las escuelas públicas, la prohibición del divorcio e
incluso el financiamiento estatal de instituciones religiosas cuando
sean de “interés colectivo (es decir, público)”. Excepto el divorcio,
legalizado en 1977, las constituciones de 1946, 1967 y la de 1988,
actualmente en vigor, reafirmaron estas concesiones.
El contraste con el proceso de secularización en México no
podía ser mayor. Gran parte del siglo xix y principios del xx se
caracterizaron por una lucha enconada en torno a la separación de
iglesia y Estado, lo que reflejaba el relativamente mayor peso económico
y político de la institución eclesiástica y un liberalismo más
radical en el México decimonónico. Aunque las reformas borbónicas
habían reducido algunos de sus privilegios, la iglesia surgió como la
institución más fuerte del país tras la guerra de independencia, lo
que se expresa más claramente por su posición como propietaria y
acreedora (Costeloe 1978; Sinkin 1979). De acuerdo con las cifras,
probablemente exageradas, del ministro de Finanzas Miguel Lerdo de
Tejada, de ideología liberal, la iglesia poseía 21% del valor agregado
total de la propiedad en el país en 1857 (Sinkin 1979).